- La legisladora explicó que se ha recabado toda una serie de documentos apócrifos que utilizan estos despachos de cobranza para llevar a cabo estas acciones intimidatorias
- De igual forma, la diputada hizo un exhorto a la fiscalía del estado, detallando que hay cientos de casos de demandas de paternidad paradas en Poder Judicial, porque la fiscalía no cuenta con los materiales necesarios para las pruebas de ADN
Luego de que fuera aprobada por las y los legisladores la iniciativa que tiene por objeto sancionar la “cobranza extrajudicial ilegal”, la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, dijo que este es un tema sobre todo del Código Penal, que es para sancionar a las personas que utilizan sellos falsos de Poder Judicial para hacer un cobro a sus deudores, así como despachos de abogados que luego mienten para intimidar.
“Va enfocado a eso o bien, cuando les dicen te vamos a embargar y te mandan un oficio y dicen que el Poder Judicial firmó y sabe cuanta cosa, a fin de que los deudores paguen” indicó.
La legisladora explicó que se ha recabado toda una serie de documentos apócrifos que utilizan estos despachos de cobranza para llevar a cabo estas acciones intimidatorias.
“No estamos en contra de que se cobre lo que se adeuda, pero, más que nada que no sea de manera ilegal y eso se tiene que sancionar, porque además son actos muy frecuentes” apuntó.
Comentó que este acto a pesar de ser un delito no se encontraba tipificado en el Código Penal y justo lo que se aprobó fueron sanciones con años de cárcel, multas y reparación de daños.
De igual forma, la diputada hizo un exhorto a la fiscalía del estado, detallando que hay cientos de casos de demandas de paternidad paradas en el Poder Judicial, porque la fiscalía no cuenta con los materiales necesarios para las pruebas de ADN.
“Nosotros tenemos oficios donde la misma fiscalía está solicitando prórrogas a los Juzgados Familiares para poder adquirir estos materiales, esto desde el año 2020 a la fecha y los mismos abogados litigantes vienen con nosotros y nos dicen que tienen paradas las demandas y los casos no fluyen” señaló.
Dijo que este exhorto es un llamado respetuoso a la fiscalía para que puedan adquirir este tipo de materiales, pues son casos sensibles donde las principales afectadas son mujeres jefas de familia.
“Se pide un prórroga hasta de meses para adquirir estos materiales y poder realizarles una prueba de paternidad, es una prueba que cuesta de 10 mil a 20 mil pesos y que la gente no tiene dinero para podérsela hacer por fuera, porque si lo tuvieran lo harían, porque estamos hablando de acreditar la paternidad y de darle los recursos necesarios a un bebé y en estos meses los papás se van del estado, del país y pues ahí se acabó” mencionó.
Explicó que el estado está obligado a proporcionar estos materiales y no lo está haciendo, señalando que hay cerca de 300 casos pendientes.
