México transita por un camino lleno de incertidumbre hacia el proceso electoral más grande de su historia. El 2 de junio del 2024 en la elección participarán, ya sea de forma individual o coaligada, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Morena, Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT); y se elegirá al presidente de la república, 128 senadores y 500 diputados federales, en tanto que se renovarán ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México: cinco de ellas gobernadas por Morena; dos por el PAN, una por MC y PES, respectivamente; asimismo se elegirán a los integrantes 30 Congresos locales (alrededor de 1,063 diputados locales), y se renovarán los ayuntamientos en 25 de los 32 estados del país, es decir, casi 1,800 gobiernos municipales. Esto es, es un proceso electoral que involucrará aproximadamente a poco más de 18,000 cargos de elección. El INE, órgano responsable de organizar y realizar las elecciones, considera que estarán en posibilidad de participar en dichas elecciones un padrón de alrededor de 98 millones de mexicanos. Ahí la relevancia del proceso y su histórica importancia.
Sin embargo, las elecciones concurrentes que habrán de celebrarse el próximo año, asimismo, se realizarán en un contexto económico complicado tanto por sus características internas como por las condiciones externas que la determinan. Veamos.
De acuerdo a documentado artículo del periodista Ángel García-Lascurain Valero, de El Financiero, para este año, y considerando la opinión de especialistas, la economía muy probablemente crecerá alrededor de un 2%, cifra realmente optimista, cuando, a principios de este año, se esperaba un crecimiento de sólo el 1%, ello motivado por la no recesión de la economía en los Estados Unidos; así mismo, por el registro de un aumento en el consumo interno derivado por el incremento histórico de las remesas que envían los paisanos a sus familias en México y el efecto de los programas sociales. Esta situación ha permitido mantener activa a la economía nacional reduciendo en gran medida el desempleo.
Adicionalmente, se observa la reducción en la inflación, lo que genera mayor inversión y consumo. El nearshoring, de manera inercial ha logrado captar una inversión por la redefinición de la relación económica entre China y EU, generando un fortalecimiento de las actividades comerciales con el mundo, pero principalmente con el poderoso socio del T-MEC del norte, y que asciende a 100 mil millones de dólares mensuales. Sin embargo, debemos reconocer que este crecimiento y conducta de la economía nacional, principalmente se debe a factores externos, y no propiamente a la respuesta a una política pública diseñada exprofeso.
Para que el origen de las razones de dicho crecimiento se pudieran atribuir a las autoridades mexicanas, debería suceder la creación de las condiciones para el crecimiento de la inversión nacional, es decir, fortalecer las frágiles finanzas públicas del país, incrementar estratégicamente los ingresos públicos fiscales; contener y reducir el creciente endeudamiento, controlar y regular la deuda de PEMEX y CFE, así como los crecientes costos de las obras emblemáticas del régimen que afectan la solidez de las cuentas públicas del gobierno, sin olvidar la enorme presión que provoca el aumento de las pensiones en las finanzas públicas.
Algo que necesariamente repercute en la situación que guarda la economía nacional es el crecimiento en estos casi cinco años de la pobreza extrema entre los mexicanos, misma que, según datos del CONEVAL se ha incrementado de un 7.2% a un 8.5%, sólo es cuestión de ponerle número a la pobreza de los mexicanos. Para contrarrestar estos efectos negativos en el desempeño de nuestra economía, sería darle una dirección definida a la política energética del país, lo errático de ella aleja o contiene el interés de la inversión foránea. Igualmente, aunque estamos seguros que la soberbia del gobierno de México no le permite reconocer con objetividad, es fortalecer nuestro débil Estado de derecho, para dar seguridad y tranquilidad a los inversionistas internos y externos.
También debemos considerar el factor que representa la creciente inseguridad y el fáctico control de grandes regiones del país por el crimen organizado, que se traduce en pago de derechos de piso, secuestros, extorsión, entre otros hechos delictivos, que rematan con la debilidad en el equilibrio de poderes, donde el Ejecutivo y el Legislativo se cansan de atacar al Poder Judicial en un voraz apetito por sojuzgarlo en función de su proyecto político.
Asunto particular y específico es la precaria situación en la que el actual gobierno ha metido al campo mexicano, fenómeno que se expresa en la lucha que han emprendido los hombres y mujeres del campo por mejorar las condiciones de su actividad a pesar de las disposiciones que las autoridades federales han impulsado, poniendo en grave riesgo la viabilidad no sólo de la actividad agrícola, sino incluso la seguridad alimentaria al desamparar a los productores de maíz, alejándolos de los necesarios apoyos y financiamientos para fortalecer y garantizar su actividad. Recientemente, el gobierno federal suspendió las actividades de la Financiera Rural, cancelando una de las pocas opciones de los productores del campo para transitar en esta difícil etapa productiva, climática, financiera, de comercialización, entre otros factores. Sin olvidar el posible conflicto comercial con los EU por el tema del maíz amarillo o transgénico, que puede desatar una situación aún más compleja en el campo mexicano.
No podemos olvidar, condiciones adversas en los ámbitos de la salud, educación, infraestructura y operación del aparato de Estado responsable de brindar los servicios públicos necesarios para la población y que hoy acusan números y resultados deficitarios de manera general, que afectan significativamente la calidad de vida de los mexicanos, principalmente de los que menos tienen.
Así, en este difícil entorno económico se va perfilando el proceso electoral del 2024, y que, si la responsabilidad y sensibilidad de la población, especialmente de la ciudadanía, hace un ejercicio de valoración, sí revisa la calidad de vida que tienen sus familias, determinará los resultados del año venidero.
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