Nuevamente una ejecución extrajudicial de civiles, realizada por militares en México, de la que nos enteramos gracias a cámaras de seguridad (reflexionen cuántas se realizan sin que sean grabadas), y la respuesta es que se les investigará, pero son “hechos aislados” (como en todas las explicaciones que se dan por actos violentos en materia de seguridad “pública”). Insisto “somos la policía, podemos hacer lo que queramos, no importa cómo ocurra sino cómo lo informamos” (Reyes de la Calle, 2008).
Hoy solo quiero enumerar algunas de las restricciones que existen en nuestro modelo autoritario o de restricción de derechos mexicanos, como estrategia fallida de seguridad:
- Nula unificación de criterios en lo que se refiere a la composición de un delito, lo que se refleja en falta de certeza, y dependiendo del conocimiento y capacidad de la autoridad, será lo que se resuelva a la sociedad;
- Aunque no se acepte, se siguen imponiendo castigos por peligrosidad y características personales de los seres humanos;
- Exagerada inflación delictiva, con la creación de tipos penales de peligro, no claros ni precisos, nebulosos y vagos, para mayor control social;
- Todo tipo de conducta antisocial que el Estado quiera resolver fácilmente, se eleva a la categoría de delito, engañando con que así se resuelven los problemas de la comunidad;
- Se niegan beneficios en delitos de prisión preventiva oficiosa, y a delincuentes “peligrosos” y “reincidentes”, para mantenerlos en cárcel en forma perpetua;
- En general, sigue existiendo prejuicio contra señalados como acusados y sus defensas, por lo que toda persona acusada es culpable hasta que no demuestre lo contrario (y aunque lo demuestre);
- Continúan las detenciones ilegales o arbitrarias por sospecha;
- Se emplea la prisión preventiva en exceso, como instrumento de tranquilidad pública;
- Se incrementa la militarización de la seguridad pública y el propio sistema penal que se refleja en múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas (en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de los procesos contra México, es por arbitrariedades de sus militares);
- Se violentan los derechos de las víctimas y demás miembros de la sociedad con el pretexto de la prevención e investigación delictiva;
- La presunción de inocencia e identidad de las víctimas e imputados, son derechos secundarios frente al “derecho a la información” de los medios de comunicación, lo que genera estigmatización, temor y juicios populares que limitan las decisiones judiciales;
- Incremento de nuevos operadores improvisados (policías, investigadores, agentes del ministerio público, asesores victimales, defensores, etc.), sin capacitación adecuada para la ejecución de las reglas del sistema, respetando los derechos de las personas; y
- Los Derechos Humanos y las instituciones y organismos que los protegen (Comisiones de Derechos Humanos, Poderes Judiciales), son considerados obstáculos de la operación de las estrategias de seguridad y de justicia penal.
En conclusión, en México la nota característica es la violación de los derechos humanos de los involucrados en materia de seguridad y justicia penal; y cuando hablo de involucrados no solo me refiero a imputados o acusados, sino también a víctimas, la sociedad y personal integrantes de las instituciones relacionadas con la prevención e investigación del delito, que también son violentados en sus derechos y en algunos casos orillados a actuar de la misma manera.
Aterrizado a México, en donde las autoridades buscan siempre la respuesta rápida y fácil para resolver un conflicto, o más bien tranquilizar a una sociedad con una aparente respuesta de solución del conflicto, corre el riesgo de generalizarse, como de hecho está ocurriendo, y convertirse en regla de actuación de todos los operadores del sistema preventivo y penal, provocando un proceso de fascismo social de las masas, más propio de dictaduras que de democracias que respetan el marco básico de los derechos fundamentales, según lo afirma Francisco Muñoz Conde. Además, se antepone el valor “seguridad” a cualquier otro valor, utilizándolo como pretexto para no hacer los cambios económicos y sociales necesarios para reducir los niveles de inseguridad (Muñoz Conde).
Pero lo más sorprendente no es la forma política en que se actúa para la supuesta disminución de la criminalidad (pues a estas alturas, muchos se dan cuenta que el discurso político es sólo eso, discurso, y nada de acción efectiva): lo más sorprendente es que la sociedad permita que, con ese pretexto, el Estado siga incrementando sus acciones represivas, que afectan a todos los ciudadanos, y no sólo al estigmatizado como delincuente.
Así que cuidado, porque para muchas autoridades de los Estados “modernos”, quienes renuncian a sus libertades y derechos, por la tranquilidad de una pequeña seguridad transitoria, no merecen ni la libertad ni la seguridad, como lo dijo Benjamín Franklin.
