- Fraccionamientos se aprueban en “lo oscurito” sin respetar procesos de ley
- Priorizan nuevos fraccionamientos a problemas como la falta de agua
El que se sumen organizaciones que protegen diversas causas distintas a las medioambientales para defender el Bosque de Cobos es porque hay conciencia de que hay causas transversales a la justicia socio-ambiental, al haber poblaciones en situación de vulnerabilidad, explicó el director de la Alejandro Larios Barrientos, director de la organización Conversa Sur.
El activista se refirió así sobre la importancia que una treintena de diversas organizaciones civiles se hayan unido a las protestas para demandar que pare la construcción del desarrollo habitacional denominado Villa Portia, en el área del Bosque de Cobos, y que conformaron la llamada Alianza Ciudadana por la Defensa del Bosque de Cobos.
Observó que en el caso del Bosque de Cobos gran parte de las personas que protegen el lugar son mujeres de la comunidad Cobos-Parga, quienes dependen de los recursos de la zona para el cuidado del mismo poblado.
Destacó que Conversa Sur, organización que ha emprendido una batalla para que la sociedad civil organizada sea considerada en la autorización de los nuevos desarrollos habitacionales en el estado, pero además acompaña a la Alianza en defensa del Bosque de Cobos.
Al respecto explicó que el fraccionamiento Villa Portia, donde los trabajos de construcción están detenidos luego de que se interpuso un amparo y se concedió la suspensión provisional, fue aprobado en “lo oscurito” en una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, sin seguir las formas, los procesos y los tiempos de la normativa establece.
Observó que en el comunicado de prensa donde se pretendía informar sobre la aprobación de nuevos fraccionamientos, emitido en mayo pasado, se habla de la labor del Consejo pero no se brinda más especificaciones como los nombres de los desarrollos sociales y su ubicación.
“Estos asuntos no se abren a la discusión, deberían estar ahí las organizaciones medioambientales con voz y voto en la formación de los desarrollos, pues se deja abierto a juicio del Consejo y la gobernadora para invitar a las asociaciones a dar su opinión, si solo si es su voluntad”, manifestó el activista.
Larios Barrientos subrayó que desde la Ley General de Asentamientos Humanos señala que en este tipo de proyectos deben ser escuchados los pobladores más cercanos, y los consejos deben ser plurales, además de considerar los aspectos sociales, no solamente los técnicos.
“Por eso en la manifestación que hizo la Alianza se exige tras el derecho de petición, que se incluyan a las asociaciones medioambientales en este Consejo. Nosotros simpatizamos con la Alianza y apoyamos en lo posible para que se articule esta causa, ya que es un ejemplo de las políticas de desarrollo urbano actuales, en las que no se considera el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Creen que el sector inmobiliario es importante económicamente hablando, sin importar los verdaderos problemas como la falta paulatina del agua; y eso sí lo entiende la ciudadanía”, expresó.
