- Tendría que haber existido un seguimiento y una verificación constante de CCAPAMA respecto de lo que hacía Veolia
- Rioja Gómez dijo que, si bien el Observatorio no tendría esa facultad de sanción, lo cierto es que se tiene el derecho del acceso a la información
El Observatorio Ciudadano del Agua fue creado justo días antes de que entre en funcionamiento MIIA, donde se espera que la dinámica en la exigencia de la rendición de cuentas a MIAA sea distinto a como ocurrió con Veolia, señaló Francisco Aguirre, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y recién nombrado secretario del Observatorio. “Probablemente fallamos como ciudadanas y ciudadanos en exigirle solo a Veolia lo que le debimos de haber exigido a CCAPAMA y a Veolia juntos, porque entre los dos eran los que administraban el agua en la capital y ahora no se quiere fallar en eso”, indicó.
Por su parte, Nelly Carolina Rioja Gómez, comisionada del CPC, consideró que hubo una falla de comunicación entre CCAPAMA y Veolia: “porque evidentemente fueron muchos años donde los ciudadanos se quejaban del manejo de Veolia, en cuanto a los cobros excesivos y la falta de agua; y realmente digamos que Veolia era quien suministraba el agua, pero CCAPAMA era quien hacia toda la infraestructura pública para esta cuestión”.
Hizo hincapié en que también tendría que haber existido un seguimiento y una verificación constante de CCAPAMA respecto de lo que hacía Veolia. En este sentido, señaló: “creemos que CCAPAMA se quedó corta en esa exigencia de dar los informes o los datos y fue una relación de ‘se están quejando de esto, te lo pido Veolia y si no me lo das, pues yo qué puedo hacer’”.
Dijo que incluso lo ha reconocido Veolia, que no se aplicaba en muchas de las cuestiones de las que la ciudadanía se quejaba y como no había esa exigencia de parte del gobierno, pues tampoco no daban para más. Indicó que, por esto, al final de la Concesión, se comenzaron a proponer cambios, pero quizá fue muy tarde para tomar la decisión.
“Reitero, lo que se busca en este nuevo organismo, como un organismo público descentralizado, es que efectivamente se tenga esa obligación de transparencia hacia la ciudadanía y que toda la información que se genere sobre la calidad del agua o el manejo de los pozos se tenga en su página y al acceso de la gente”, apuntó.
Rioja Gómez dijo que, si bien el Observatorio no tendría esa facultad de sanción, lo cierto es que se tiene el derecho del acceso a la información: “y en este sentido, el Observatorio, en caso de que no haya transparencia en sus páginas, les pedirá directamente la información a las autoridades correspondientes y en caso de que se niegue se formularán las solicitudes de transparencia correspondientes”.
Añadió que si hay negación sobre la entrega de información, incluso, se podrían poner recursos en contra de esa negativa de brindar la información y en calidad de Observatorio, podrían alzar la voz y denunciar la opacidad.
