- Además, aprueban una propuesta para garantizar atención médica a personas con discapacidad de estos pueblos originarios
Con 76 votos a favor, el pleno del Senado de la República aprobó un proyecto para garantizar que las personas indígenas y afromexicanas puedan contar con un intérprete, traductor y un defensor de carácter público, que conozca su lengua y su cultura, como parte de su asistencia jurídica.
La propuesta busca que se diseñen programas de certificación y acreditación de técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües, que integren el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.
Además, que estos especialistas sean conocedores de la cultura de que se trate y estén debidamente capacitados en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.
El proyecto de decreto que modifica la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la Ley Nacional de Ejecución Penal, fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Xóchitl Gálvez Ruiz, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, indicó que esta reforma es positiva; sin embargo, señaló que es necesario destinar mayores recursos para las organizaciones de traductores de lenguas indígenas, pues tendrán más trabajo cuando se apruebe el proyecto.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, señaló que las comunidades indígenas y afromexicanas han enfrentado desafíos significativos a lo largo de la historia, como la discriminación, la marginación, la pérdida de sus tierras y la erosión de su cultura, de ahí que sea necesario romper las barreras para que accedan a la justicia y a los servicios de salud.
Por Morena, el senador Adolfo Gómez Hernández aseveró que este proyecto abona a la democratización de la justicia, a que las comunidades indígenas y afromexicanas dejen de ser relegadas sistemáticamente y a consolidar un México con derechos humanos al alcance de todas y todos.
Nestora Salgado García, también de Morena, denunció que las deficiencias procesales y la falta de traductores provocan que muchas personas indígenas y afrodescendientes se encuentren en prisión sin que hayan cometido un delito, lo cual representa una afrenta contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por el PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel dijo que en una sociedad pluricultural y plurilingüe es necesario impulsar la enseñanza de lenguas originarias y que se presten servicios públicos en las distintas lenguas que existen en el país, especialmente cuando se trate de asesoría legal.
El pleno de la Cámara también avaló un proyecto para promover esquemas de atención a las necesidades de la población indígena y afromexicana con discapacidad, a fin de que sus necesidades relacionadas con el uso de su lengua, especialmente en materia de salud, sean debidamente garantizadas mediante la ley.
La minuta con proyecto de decreto, aprobada con 85 votos a favor, por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados.
