No se cuenta con voluntad política ni operativa para atención de las mujeres que denuncian procesos de violencia, así como una evidente falta de acciones, programas y políticas en materia de prevención.
El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de Aguascalientes hizo un llamado a la Fiscalía del estado, al Instituto Aguascalentense de las Mujeres, a la Secretaría de Seguridad Pública, a las autoridades de gobierno y a la opinión pública en general por la inexistente política pública en cuanto a la erradicación de las violencias contra niñas y mujeres de nuestra entidad.
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“Hoy 9 de noviembre de 2023, iniciamos con la noticia de la muerte violenta de dos mujeres, Ana María y Gloria Alicia, mismas que fueron atacadas en su domicilio, igual que ocurrió a Nidia el pasado 7 de noviembre; esta violencia que es prevenible en todas sus dimensiones”.
Explica que en lo que va de este presente año suman doce mujeres en Aguascalientes que han sido victimas de feminicidio, señalando que la complicidad entre los victimarios y las autoridades desdibuja la magnitud del problema, ya que falta investigar otras muertes violentas de mujeres que fueron cerradas como accidentes o suicidios.
“En Aguascalientes las mujeres no estamos seguras en las escuelas, ni en el trabajo, ni en las plazas, ni en nuestro hogar. Esto no puede verse como un hecho aislado, sino que es producto de una cultura feminicida que envía diariamente el mensaje de que es en nosotras en quienes recae la responsabilidad de conservar nuestra vida y nuestra integridad; este sistema cobija a los agresores y a las instituciones cuyo trabajo es omiso y negligente”.
Asimismo, señalan que han detectado que no se cuenta con voluntad política ni operativa para atención de las mujeres que denuncian procesos de violencia, así como una evidente falta de acciones, programas y políticas en materia de prevención.
Por tanto, entre otras cosas, piden la autonomía del Instituto de Ciencias Forenses, señalando que a la fecha no ha operado con transparencia, y sí con grandes deficiencias en la elaboración de los dictámenes en las decenas de carpetas de investigación; así como el que las titulares de los Institutos de las Mujeres dejen de ser nombramientos para cuotas políticas y la exigencia a la Fiscalía para aplicar los protocolos y una plena comunicación con las familias y víctimas indirectas.
Finalmente, se nombra a las víctimas: María Dolores, 55 años; Cynthia Nataly, 38 años; Leslie Mireya, 18 años; Keiry Yurietzy, 19 años; Brenda Fabiola, 24 años; Teresa, 21 años; Citlali Nohemí, 21 años; María Magdalena, 31 años; María Gabriela, 27 años; Nidia, 33 años; Ana María, 94 años y Gloria Alicia, 86 años.
