El ministro Arturo Zaldívar al fin renunció a su cargo. No se aguantó a concluir el periodo para el que fue electo por el Senado. Según lo manifestó va a sumarse “a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario” (carta renuncia de 7 de noviembre de 2023).
Dado que AMLO y Zaldívar, cuando menos hasta ahora, se han comportado como “acuaches” (cómplices para hacer travesuras), es de suponerse que convinieron en el tiempo, términos y forma de la renuncia. No hubo sorpresa alguna.
Minutos después de presentada la carta renuncia, salió el peine; eso de sumarse a la consolidación es algo simple: integrarse al equipo de la candidata de Morena a la presidencia de la República, con el fin de que, de ganar la elección, le dé un hueso; la renuncia se produjo en el momento en que la candidata del partido oficial más necesita aparecer en los medios. En algo ha de ayudar a la causa de Morena su renuncia y su separación de la Corte; y de mucho, al servicio de impartición de justicia de manera imparcial, apolítica y sin consignas.
En los Estados Unidos de América existe una conseja: los ministros de la Corte Suprema nunca renuncian y rara vez se mueren. En México renuncian, se mueren y se retiran cuando ha concluido el periodo para el que fueron electos.
Se ha anunciado que la renuncia del ministro Zaldívar es con el fin de que esté en posibilidad de integrarse al equipo de campaña de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum; a eso se reduce su declaración de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario.
Ciertamente el cargo de ministro de la Corte es renunciable; quien en primera instancia debe aceptar la renuncia es el presidente de la República; cubierta esa etapa es AMLO quien debe presentarla al Senado para una segunda aceptación (arts. 76 frac. IX y 98 constitucionales). Por no existir norma que disponga otra cosa, la aceptación de la renuncia debe hacerse por más de la mitad de los senadores presentes.
Salvo que las cosas hayan cambiado, y no lo supe, hasta el 7 de noviembre la “incidencia que motiva su renuncia” no es una causa grave; por esa simple y llana razón debió haber sido rechazada por AMLO y, en su momento, deberá ser rechazada por el Senado. Como esa Cámara está controlada por AMLO y Morena, la causa invocada por el ministro dimitente seguramente será considerada grave y, por ello, será aceptada por la mayoría de sus integrantes. En un auténtico estado de derecho, a no dudarlo, la renuncia sería rechazada. No lo será. El cargo de ministro de la Corte no es cualquier cosa. Bueno, no debería serlo.
En su momento, dado que la causa invocada por el ministro Zaldívar no es grave, el trámite que debe darse a la renuncia no puede ser de obvia resolución; debe pasar a comisiones; ser citado por ellas a comparecer y ahí ser valorada por los miembros de ellas; llegado el momento, elaborar un dictamen en el sentido de proponer al pleno del Senado sea rechazada. Si se respetan la Constitución, las leyes y usos que regulan el proceso parlamentario, el trámite a seguir pudiera llevarse lo que resta del actual primer periodo ordinario de sesiones. Mientras tanto, el doctor Zaldívar debe seguir desempeñando la función por la que tanto suspiró y que ahora quiere abandonar.
AMLO y la 4T pierden un voto incondicional y esos sucede en el momento menos oportuno para ellos: estando pendiente de ser presentadas las acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos en contra de la eliminación de los fideicomisos y de resolverse controversias y acciones importantes, pierden un incondicional para los efectos de negar la suspensión y un voto para impedir que una ley sea declarada inconstitucional. La oposición no cuenta en el Senado con los votos para sacar un candidato, puede impedir que AMLO designe a otro u otra incondicional. Eso es cierto.
Si, “contra todo pronóstico”, la señora Sheinbaum, se alzara con la victoria en el proceso a celebrar en junio de 2024, don Arturo Zaldívar no podrá ser nombrado secretario de Estado o fiscal general de la República; tampoco podrá ser electo senador, diputado o gobernador de algún estado. (Se lo prohíben los artículos 95, VI y 101 constitucionales). Para que lo pueda ser, deberán pasar, cuando menos, dos años a partir de que le sea aceptada la renuncia. Eso significaría que, en el mejor de los casos, podría aspirar a ocupar uno de esos cargos hasta noviembre de 2025. Qué pena, con lo mucho que podría hacer en la consolidación de la transformación de México.
Analizadas fríamente las circunstancias políticas y jurídicas, si los partidos que conforman la alianza retardan la aceptación de la renuncia y el nombramiento del sustituto, pudiera significar una gran ventaja. Me explico.
AMLO y Morena pierden un ministro incondicional y confiable en la Corte. Como quedan diez ministros, no urge que el Senado apruebe el nombramiento del sustituto. El nombramiento puede esperar hasta que pasen las elecciones. Para evitar que opere la cláusula de nombramiento automático a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 96 constitucional, la oposición debe dilatar todo: la aceptación de la renuncia, el dictamen de las ternas, las comparecencias y, en su caso, el nombramiento. Un nuevo Senado, el que resulte de las elecciones de 2024, pudiera ser determinante en la composición de la Corte, en la defensa de la Constitución y del estado de derecho.
Ahora sí resultó cierto lo que dice AMLO, la renuncia le vino a la oposición “como anillo al dedo”, con ella el sistema tiene mucho que perder y poco que ganar. Que esto sea así dependerá de que la oposición sepa jugar sus cartas de manera inteligente y oportuna. Algo es cierto: la oposición no debe permitir que de nuevo se violen la Constitución y las leyes.
En su momento Arturo Zaldívar puede ser jefe de Morena, consejero jurídico de la candidata de Morena, si gana o embajador en Nepal o Zomalia; la Constitución no se lo prohíbe.
