El pasado seis de septiembre, formalmente dio inicio el Proceso Electoral Concurrente del 2024, un proceso que sin duda será trascendental para el porvenir de nuestro país, aunado a que las elecciones serán concurrentes con las treinta y dos entidades federativas.
Así, para el ámbito federal, se elegirán 629 cargos: la Presidencia de la República y el Congreso Federal, compuesto por 128 senadores y 500 diputados. Mientras que en el entorno local, todas las entidades federativas celebrarán comicios, destacando la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato. Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, donde se renovará la Jefatura de Gobierno y las respectivas Gubernaturas.
De igual manera, se renovarán 31 Congresos locales, 1,803 presidencias municipales, 1,973 sindicaturas y 14,160 regidurías, sumando un total de 19 mil 746 cargos a elegir.
Por si fuera poco, se suma a la complejidad y relevancia de este año en materia electoral, que cerca de la mitad de la población a nivel internacional, celebrarán elecciones, casi un 50%, de los que destacan 30 países que elegirán presidencia.
Regresando a lo local, tomando como base estos datos arrojados por el Instituto Nacional Electoral, es evidente que será un Proceso Electoral sumamente complejo, en el que las autoridades electorales locales y federales tendrán que ponderar a cabalidad el correcto desarrollo del mismo, procurando en todo momento la voluntad ciudadana y la protección de los derechos político electorales.
Sin embargo, tanto en el ámbito local como en el federal, la administración de justicia electoral puede tener comprometida su percepción ante la ciudadanía y por ende su confiabilidad a consecuencia de las disputas y cambios de timón en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que se ha visto inmerso en rencillas internas durante los últimos años por la presidencia del mismo.
Podemos agregar a lo dicho, que el Senado de la República no ha realizado nombramientos de dos magistraturas de las siete que integran el máximo órgano jurídico electoral; necesarios para impartir justicia en el tan complejo proceso electoral. Asimismo, está pendiente la designación de cinco magistraturas regionales y una de Sala Especializada.
Esta imagen denota, quieran verlo o no, una inestabilidad institucional que permea de igual manera en los Tribunales Electorales locales, siendo que también existen en la mayoría de estos, pendientes en nombramientos de magistraturas en diversas entidades federativas.
No pasa desapercibido lo sucedido en el Consejo General del INE, en donde también se han dado rompimientos intencionales de quórum, por aquellas consejerías que se agrupan para dar golpes de poder contundentes, y desde luego todas las vacantes, renuncias y despidos inmersos ya en el proceso electoral federal. Todo ello conjugado inserta presión innecesaria en la llamada familia electoral.
Este entorno, hace aún más complejo el proceso en marcha, pues las y los actores políticos exigen instituciones fuertes, eficientes y estables. No obstante la situación actual, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el Instituto Nacional Electoral, se han caracterizado por impulsar un sistema democrático equitativo y transparente, a la par de sus Salas Regionales y de Tribunales Electorales locales, por lo que no tengo duda que pese a las dificultades saldrá adelante el sistema electoral.
En el caso específico de Aguascalientes, se renovará la integración del Congreso local integrado por 27 diputaciones, por los Ayuntamientos, 11 presidencias municipales, 12 sindicaturas y 83 regidurías. En ese sentido, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tendrán a su encargo una consigna muy importante, la paz, certeza y equidad en las elecciones, pues su tarea primordial será entregar resultados satisfactorios, cuidando en todo momento el desarrollo de los comicios.
Ante este Proceso Electoral Concurrente, los delitos electorales tomarán una importancia significativa, en ese entendido las Fiscalías Electorales locales y la federal, tienen la consigna de proteger el adecuado desarrollo de la función pública y los mecanismos de democracia directa, que cabe mencionar, aquellos que cometan un delito electoral quedarán inhabilitados de la función pública y en algunos casos privados de su libertad, de ahí la relevancia de su trabajo.
Ante las vicisitudes mencionadas, los reacomodos internos de las autoridades electorales, la gran cantidad de cargos a elegirse, mundial, nacional y localmente, es sin duda el proceso electoral moderno más grande y complejo de la historia.
@SDANIELGTZ
