El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dirigió hoy a los ciudadanos tras asumir el cargo para reafirmar su compromiso de “no mentir, no robar y no traicionar”, y les pidió tener “paciencia y confianza”. 1 de diciembre de 2018.
Recordando aquél primer día de su gobierno y sus “compromisos”, López Obrador señaló: “…lo que buscamos, lo que anhelamos, es la purificación de la vida pública de México”. Reafirmó que en su Gobierno estarán “primero los pobres”, y que se va a incrementar el presupuesto para financiar programas sociales gracias a que se van a liberar fondos porque “se va a acabar con la corrupción”. Encarrerado, prometió, que “el precio de las gasolinas y de la luz solo aumentará en relación con la inflación, y se fomentarán las energías renovables y la producción de crudo, con una nueva refinería, para dejar de comprar combustibles al extranjero”. Y, asimismo, recordó que habrá un “auténtico Estado de derecho”, y que a nadie le estará permitido violar la Constitución o las leyes: “No habrá impunidad y se van a cancelar, abolir, los fueros y los privilegios”, aseguró.
Desde aquél ya lejano 1 de diciembre, han transcurrido alrededor de 1,875 días y una parte importante de mexicanos, les ha quedado claro que aquella arenga del primer día de diciembre del 2018 quedó en eso, en una promesa de campaña que habría que dejar en paz, ya que de aquí al primer día de octubre, ya nada será factible para esa ambiciosa promesa de lograr para México la pomposa Cuarta Transformación.
Mentira. La “purificación de la vida pública de México”, es algo que el presidente nunca aclaró ante la opinión pública, en el sentido de su interpretación, porque todo parecería indicar que para él purificación es sinónimo de militarización de la vida pública del país.
Para el 21 de octubre del 2021, Jorge Monroy, de El Economista documentó que, durante el XIV “Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, Derechos Humanos: Las dudas, capacidades y voluntades del Estado”, organizado por el ITESO, Catalina Pérez Correa, docente del CIDE, señaló que entre 2006 y 2021, se le han entregado a las fuerzas armadas 246 funciones civiles. Pérez Correa, añadió que, en el 2021, la milicia no sólo suple funciones civiles en seguridad, sino también, y de manera destacada, en salud, educación, obras públicas y administración de aeropuertos, aduanas, y programas sociales. Así, la “purificación” de la vida pública nacional.
También dijo que terminaría con la inseguridad de inmediato, (Macario Schettino, El Financiero, 15 01 24) y no dejó de ser una afirmación por demás absurda, López Obrador insistió: sería de inmediato. No fue así, la inseguridad no sólo no se redujo, sino que creció durante este sexenio. Más cuando uno incluye a los desaparecidos entre las víctimas, algo que él no quiere aceptar, e incluso ha promovido que estas personas vuelvan a desaparecer, ahora estadísticamente.
Mintió cuando presumió que con la construcción de la refinería Olmeca y el aeropuerto Felipe Ángeles, se resolvería el problema del abasto de combustibles y la saturación del AICM, a costos bajísimos. Nada de ello ha sucedido, la refinería se ha vuelto la obra más costosa e improductiva del sexenio, pasando su presupuesto de 8 mil mdp a 16 mil mdp y sin ningún litro producido de nada; y el AIFA, sencillamente ha quedado a deber para aliviar el transporte aéreo en el Valle de México e impactando a las finanzas públicas nacionales.
Robar. Debemos considerar corrupción el uso de recursos públicos para la compra de voluntades. Así es “la política social” del régimen. La destrucción de programas sociales bien diseñados, monitoreados y evaluados, como lo eran el Seguro Popular y Progresa-Oportunidades-Prospera, para reemplazarlos por la entrega de efectivo, sin padrón, sin reglas, sin control alguno, no es otra cosa que corrupción, y, en palabras llanas, es un robo a los mexicanos. Ya no hablemos de las trapacerías que los allegados al presidente han realizado en el marco de las obras emblemáticas de esta administración, como el Tren Maya, Dos Bocas o la liquidación de lo que sería el NAICM, sobre todo lo relativo a la conducta de los hijos del presidente: José Ramón, Andy y Bobby, y el tráfico de influencias y asignaciones de compras irregulares.
En esta misma ruta, está el tema de SEGALMEX, donde se afectó al erario público por 15 mil mdp, en manos del ex jefe de López Obrador, Ignacio Ovalle, y que ha la fecha sólo la simulación de su resolución ha brillado ante la insoportable realidad de la corrupción de la 4t.
López Obrador insiste en afirmar que la corrupción ha sido erradicada, y lo presume con un pañuelo blanco cada vez que se le presenta la ocasión en la mañanera. Sin embargo, no existe prueba que sostenga esa afirmación. Por el contrario, hay denuncias y documentación pública de que éste es el sexenio más corrupto en la historia de México.
Traicionar. También prometió con vehemencia que habría un “auténtico Estado de derecho”, y que a nadie le estará permitido violar la Constitución o las leyes, tan así lo afirmó, que el 1 de diciembre, en su toma de protesta como primer mandatario de la nación juró respetar la Carta Magna del país sus leyes. Sin embargo, más pronto que tarde, abdicó a su promesa, y inició su tarea de demoler el andamiaje legal del país, apoyándose en la fuerza legislativa en ambas cámaras, impulsando reformas con la indicación de “no cambiarles ni una coma”, so pena de caer en desgracia ante el poderoso presidente de la República. Concentrar el poder político en una persona, disciplina y abyección de diputados y senadores de su partido y aliados, pisoteando la separación de poderes, obligando a acabar con los organismos autónomos y, sobre todo, doblegar al Poder Judicial, entes que se le interponen en su camino absolutista, es la marca de la casa, y su “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley.”
