Durante una entrevista en 2015 con el medio The Guardian el activista Edward Snowden resumió en una frase la esencia de su activismo: “decir que no te preocupa la privacidad porque no tienes nada que ocultar, es igual a decir que no te preocupa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir”. Y es que en nuestro país pareciera normal que la agenda pública se llena de problemas que ubicamos en el campo de lo político ignorando su impacto en nuestras vidas.
Si el presidente de México pudo argumentar un presunto hackeo ante la filtración de datos personales de más de 300 periodistas que han asistido a su conferencia matutina, con la publicación deliberada del número telefónico de la periodista Natalle Kitroeff del New York Times no hay excusas. “Que cambie su teléfono por otro número” fue la respuesta contundente del jefe de Estado ante un reclamo legítimo de periodistas por transgredir la privacidad desde un espacio financiado con recursos públicos.
En el país se ha construido un andamio de leyes e instituciones para garantizar el derecho a la protección de datos personales. Existe un marco normativo que regula el uso de datos de personas resguardado por las instituciones públicas (Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados) así como entes del sector privado (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). Aunado a ello, el Instituto Nacional de Transparencia, es decir el INAI, es uno de los organismos constitucionales autónomos que desde el año 2015 amplió sus atribuciones para investigar y sancionar el uso no autorizado de información personal.
El presidente no sólo se atribuyó facultades al determinar que difundir el contacto de la periodista estadunidense era la respuesta justa ante una acción que afectaría la “dignidad de la figura presidencial”, sino que justificó su decisión bajo el “principio de la transparencia” que se ancla en “la autoridad moral y la autoridad política” para colocarse encima de un derecho humano reconocido. Esto no solo rompe con el principio de legalidad de un servidor público sino, me atrevo a decir, traspasa la esfera del poder judicial al establecer actos de justicia y superposición de criterios.
Las reacciones ante este suceso vinieron de tres principales vértices: la prensa nacional e internacional; los actores involucrados en la protección de la privacidad; y las figuras de la política. Cada una de las perspectivas aportó al debate público un criterio específico de análisis. Y es esta parte la que me parece la de mayor valor y trascendencia ante la polémica situación.
Por un lado, la prensa nacional destacó la medida impuesta por plataforma YouTube de eliminar el video con la referida conferencia debido a que transgredió las políticas de acoso y que después fue omitida en un nuevo video; en la prensa internacional se retomó la declaración de la portavoz de la Casa Blanca donde respaldaban la libertad de prensa y condenaban el acoso. Por otra parte, el INAI, a través de sus comisionados, resaltó el agravio hacia los derechos de la periodista y que sí resultaba viable investigar el suceso bajo las leyes mexicanas pudiendo derivar en sanciones económicas. Mientras que diversos actores del ámbito político entre los que destacan un hijo del presidente, las dos candidatas presidenciales, y funcionarios de Morena, denunciaron la filtración de sus respectivos números telefónicos. Esto conllevó a un debate paralelo (y lleno de propaganda política y ataques personales) respecto en cuáles casos el INAI investigaría las filtraciones y si se daría un trato diferenciado.
Concluyo con dos aportaciones de estas acciones donde se vulneraron los datos personales de diversas personas. La primera se centra en la remarcada necesidad de contar en el país con el INAI como una autoridad responsable de investigar, pero también de sancionar, cuando un servidor público coloca a un ciudadano en riesgo por un indebido manejo de su información personal. Sin embargo, su actuación debe darse en el menor tiempo posible (actualmente se tienen hasta 50 días hábiles para realizar la investigación) considerando los posibles riesgos para gremios como el de periodistas.
La segunda aportación es romper con la falsa conceptualización de que ejercicios como la conferencia matutina son espacios para la rendición de cuentas y la transparencia. No podemos normalizar que al señalar personas que buscan respuestas sobre la acción pública de gobernantes, se pague con el precio de ser expuestos públicamente bajo la premisa de ser “transparentes con el pueblo”. Así pues, este hecho aún no concluye ni han surgido responsables. Esperemos que los tiempos de campaña electoral nos den una segunda oportunidad para poner los derechos antes que las pasiones. Si creemos que no nos afecta, es porque aún no nos ha sucedido.
@Politiram
