- Representantes y víctimas lamentaron que el Estado mexicano “incumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos como lo es la eliminación de la figura del arraigo y la armonización con la convención de la prisión preventiva”
A más de un año de emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que ordenaba al Estado mexicano a eliminar la figura del arraigo, no ha sido acatada, denunciaron las víctimas de esa medida cautelar aún vigente en la Constitución.
En un comunicado firmado por las víctimas, los hermanos Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y a la familia Gerardo Robles López, así como su representación legal, la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) recordaron que el 27 de enero de 2023 la CoIDH decretó que el Estado mexicano había violado los derechos “a la presunción de inocencia, a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial”, de los agraviados.
En 2006, los indígenas nahuas de Astacianga, Veracruz, los hermanos Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles, fueron detenidos por efectivos de la desaparecida Policía Federal Preventiva, arraigados por 90 días para ser sometidos a investigación, sometidos a prisión preventiva oficiosa para después ser liberados por falta de elementos para procesarlos.
Tras un largo proceso ante el Sistema Interamericano, en enero del año pasado los indígenas nahuas lograron una sentencia histórica por la que entre sus resolutivos, los jueces de la CoIDH sentenciaron al Estado a “dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre-procesal, es decir eliminar la ilegal figura del arraigo” así como “adecuar el ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva armonizarla con la Convención (Interamericana de Derechos Humanos)”.
Víctimas y defensores denunciaron que el Estado mexicano “sigue siendo omiso y ha incumplido, ya que se mantiene en nuestra legislación interna el arraigo y la prisión preventiva”, notificando a la CoIDH que turnó las sentencias del tribunal regional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo al reporte anual entregado a la Corte, “el expediente de recepción de sentencias de tribunales internacionales 1/2023 (…) fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración de un proyecto respectivo”, sin que hasta el momento se haya compartido un proyecto final ni se ha fijado fecha para su discusión en el pleno de la SCJN.
Las víctimas y sus representantes legales, Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera y Érica Zamora Pardo, lamentaron que la respuesta del Estado mexicano se circunscriba a lo que hace o ha dejado de hacer la SCJN mientras que “en el Poder Legislativo se resisten a legislar en el sentido del fallo suscrito por la Corte Interamericana”.
Aunado a esa falta de cumplimiento de la sentencia, se informó que las víctimas no han accedido a fijar fecha para la realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad, como ordena la sentencia, ya que “si no se cumple con lo esencial, de qué sirve una disculpa pública”.
En el comunicado, la RSDCIAC denunció la indignación que causó a víctimas y representantes que el Estado mexicano “manifieste que no puede pagar las becas educativas de las víctimas Jorge Tzompaxtle Tecpile y del beneficiario de Gustavo Robles López, el señor David Martínez García, debido a que ya terminaron la carrera”, cuando estas personas “no podían hacer un alto a sus estudios ante la dilación del Estado”.
Representantes y víctimas lamentaron que el Estado mexicano “incumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos como lo es la eliminación de la figura del arraigo y la armonización con la convención de la prisión preventiva”.
Al señalar que la falta del Estado “representa un obstáculo para los procesos de justicia”, los defensores recordaron que “el Estado tiene también que cumplir con parte de reparación mediante las becas educativas”, toda vez que “está obligado a cumplir sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos”.
