Reportaron agresiones, detenciones y malos tratos en 9 entidades durante el 8M. Son actos intolerables que violan el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica
Amnistía Internacional advierte al Estado mexicano que está obligado a respetar los derechos humanos de las mujeres, luego de que activistas y medios de comunicación reportaron el uso de gases irritantes en Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Zacatecas; agresiones en Michoacán; malos tratos y detención de cinco personas manifestantes en Nuevo León; detención de dos mujeres periodistas, así como malos tratos y detención de, al menos, 12 mujeres que protestaban pacíficamente en Zacatecas.
“Estos son actos intolerables que violan su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica… hacemos un urgente llamado a las autoridades para que se libere de cargos a las mujeres que hubieran sido arbitrariamente detenidas, que estos hechos se investiguen de manera expedita, transparente y profesional, y se garantice el derecho a protestar y tomar las calles en futuras protestas feministas”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Te puede interesar Amnistía internacional condena los actos de represión en el 8m
Amnistía Internacional recuerda que todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a cumplir con las convenciones y tratados que ha firmado México, relacionados con los derechos humanos sin excepción y en particular los relacionados con los derechos humanos de las mujeres.
“El uso indebido de la fuerza y las detenciones en contra de las mujeres que se manifestaban pacíficamente en varias entidades de la federación, para demandar el respeto a sus derechos humanos, es una demostración en sí misma de cómo las mujeres están en riesgo de ser víctimas de violencia y por qué los Estados deben comprometerse profundamente con erradicarla”, destacó Edith Olivares Ferreto.
En relación con el uso excesivo de la fuerza, en el informe referido, Amnistía Internacional recomienda al Estado mexicano: “Realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las manifestaciones para establecer la responsabilidad de policías individualmente considerados, así como de los integrantes de la cadena de mando”.
Señala también que debe “garantizar la existencia de un mecanismo especializado externo e independiente de los cuerpos policiales, a cargo del monitoreo, supervisión y mejora de estas instituciones”.
Amnistía Internacional advierte que las autoridades deberían dedicar sus esfuerzos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, particularmente contra los feminicidios y la violencia sexual, y no en cambio a reprimir su derecho a la protesta pacífica, que está garantizado no sólo en las leyes mexicanas, sino también en el derecho internacional de los derechos humanos que el gobierno mexicano se ha comprometido a respetar.
