Es necesario hacer una reflexión de la necesidad por modificar el marco legal que reglamente la conducta de las casas encuestadoras que intervienen en los procesos electorales en nuestro país.
Todas las empresas de asesoría publicitaria han sobreestimado el uso de las encuestas que le dan supuesta ventaja a algún candidato porque parten de la idea de que el candidato puntero anima al elector a decidir “sobre aquel que lleva la ventaja”.
Tal vez en algún momento pudo haber sido una estrategia efectiva para influir en el voto indeciso, pero actualmente es tan difícil creer en las encuestas porque se ha hecho un abuso y un negocio redondo en muchas de ellas. Han aparecido casas encuestadoras que consideran que su función principal es hacer un traje a la medida y al deseo del candidato. La metodología y el rigor científico no importan.
Encontramos entonces datos y resultados inverosímiles donde en lugar de animar al elector, lo dejan más escéptico del comportamiento de los partidos y sus políticos. Se necesita reglamentar esa conducta porque está llegando a niveles en verdad insostenibles.
¿Por dónde debería de ir la reglamentación del uso y aplicación de sondeos y encuestas de opinión en México? Me gustaría describir el caso español que es un ejemplo muy conveniente.
En España se recurre generalmente a casas encuestadoras de organismos públicos. La más conocida es CIS Centro de Investigaciones Sociológicas, aunque también está una de Cataluña y otra más de Andalucía.
Es la Junta Electoral Central la encargada de dar instrucciones en aplicar con un método estricto y totalmente científico las encuestas de los procesos electorales, generalmente se aplica una al inicio de los comicios electorales, otra a la mitad del proceso y una más al final.
Solo se pueden publicar los sondeos cubriendo el procedimiento de haber puesto en conocimiento a los partidos que compiten y deben de tener los resultados en sus manos en un máximo de 48 horas para que puedan tener un panorama claro de sus posibilidades y así afinar de mejor manera sus estrategias.
Otra medida que se sigue con estricto protocolo es que los resultados obtenidos por los organismos públicos se deben poner en conocimiento de todos los partidos en igualdad de condiciones para evitar posibles usos privilegiados de esa información.
Se informa por supuesto qué tipo de muestra se aplica, a qué población, la metodología y el tipo de preguntas y la cantidad de ellas. En el informe a los partidos se anexa el cuestionario que se aplicará para que los partidos tengan seguridad y transparencia del procedimiento y de la solvencia de método aplicado.
Por supuesto y de acuerdo a la gran madurez democrática de los españoles, los resultados de los comicios son aceptados por todas las partes, y así con esa normalidad, -no sin una feroz competencia- se transita hacia la democracia representativa. ¿A poco nosotros no podríamos hacerlo? Me parece que no es tan difícil.
@normaglzz
