El fiscal electoral recordó que la asociación para que el PRI pudiera continuar con el edificio se constituyó a finales del 2023
La falta de transparencia ha sido lo que ha caracterizado al edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ubicado sobre la Avenida López Mateos, mismo que estuvo en riesgo de perderse y lo está si es que el partido político no cumple con las rentas mensuales cercanas a los 70 mil pesos, decretadas por un juez.
En días pasados, durante su visita a nuestra entidad, el dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que “primero había que poner en regla todo lo que estaba para que no hubiera dudas y que fuera todo transparente, pero se dejó pasar mucho tiempo”.
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Señaló que se está trabajando para ver cuáles son las mejores opciones, aunque, dijo, ahorita están metidos en el tema de la elección.
Apuntó que es una prioridad el tema del edificio para que los priístas tengan una casa donde construir, donde estar y donde trabajar, “pero sin duda se tomará la mejor decisión”.
Moreno Cárdenas comentó que lo importante es construir o adquirir un bien inmueble “y bueno, eso es lo que habremos de discutir, pero lo importante era poner en regla y que el PRI cumpliera con la norma y que estuviéramos legalmente cuidados en ese aspecto”.
Enfatizó que lo que faltan son recursos, pero lo importante es trabajar, porque el tema del edificio se va a resolver.
Al respecto, el fiscal electoral, Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, señaló que el edificio priísta estuvo en suspensión provisional, con algunas condiciones a cumplirse y de esas condiciones era pagar al estado un recurso para que éste se fuera a la ciudadanía en algún programa social de beneficencia pública, el recurso correspondía a una cantidad de casi 700 mil pesos, que era lo relativo al ejercicio fiscal del 2018, pues por concepto de rentas es lo que debió haber pagado el partido y no lo hizo.
Gutiérrez Ruvalcaba explicó que, además, hay una condición: si se deja de pagar renta equivale a un delito continuado.
Dijo que mientras se siguiera teniendo el bien de manera irregular se podía estar generando un hecho delictivo, entonces “en la condición lo que se les ordena es que modifiquen el contrato de fideicomiso que tienen con gobierno del estado y con un banco para que el fideicomiso establezca que se tiene que pagar una renta y que no sea gratuito la utilización de este bien inmueble”.
Explicó que, en tanto se pague este concepto de rentas y se destine a esta asociación, es decir, con interés social, de alguna manera ese dinero va a la sociedad y, por tanto, deja de ser ilegal.
“En ese momento el asunto se da por cumplido y nos decimos satisfechos como Fiscalía, pero habrá que ver qué efectivamente estén pagando la renta, pero eso sería un proceso aparte y ajeno a la carpeta que estuvo con nosotros”.
Dijo que esto ya sería con base en las fiscalizaciones del INE, donde se valoraría de oficio si se está cumpliendo o no con la renta del inmueble o, también, podría denunciar cualquier persona o partido político si son sabedores de que no se esté cumpliendo.
El fiscal electoral recordó que la asociación para que el PRI pudiera continuar con el edificio se constituyó a finales del 2023, y la anterior en el año de 1996, que fue cuando se dejó de pagar la renta y que hubiera pasado desapercibido si no es porque Lorena Martínez utilizó el edificio como casa de campaña, pues esto encendió los focos rojos y fue la manera en que el INE lo detectó.
