La iniciativa está a la espera de que sea acogida por integrantes del Legislativo. No se puede obviar que la violencia obstétrica son solo médicos o personal de salud
De cada 10 mujeres privadas de su libertad, ocho han sido víctimas de algún tipo de tortura sexual y la violencia obstétrica es una de ellas, como en el caso de Samantha, quien sufrió un cúmulo de violencias durante su embarazo hasta que nació su hija Victoria, quien a la fecha se desconoce si aún está viva; este caso motivó al Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) a impulsar la “iniciativa Victoria”, que pretende tipificar la violencia obstétrica hacia mujeres y personas gestantes en la entidad.
El abogado Federico Mendiola Méndez explicó que esta propuesta de iniciativa está a la espera de que sea acogida por algún o algunos legisladores, al ser quienes tienen la facultad para impulsarla en el Congreso del Estado.
Detalló que analizaron algunos aspectos en los que consideran que no es posible obviar que el único responsable de este tipo de violencia son los médicos o personal de salud, sino que también es aquel patrón que no proporciona a las trabajadoras seguridad social.
“Tipificar las conductas de todas aquellas personas que, teniendo bajo su cuidado o custodia a una persona gestante, también puedan ser responsables de ejercer violencia obstétrica en cualquier momento que se requiera en el embarazo un cuidado especial”, expuso el abogado.
Detalló que la iniciativa incluye 15 fracciones que pueden ser depuradas y mejoradas, que pretenden que alguna persona, aunque no sea parte del servicio de salud, si incide de manera negativa en el desarrollo de un embarazo, tenga una sanción al haber afectado los derechos reproductivos de la madre. Se proponen de tres a seis años de prisión y hasta 300 días de salario mínimo, parámetro que se definió con base en los códigos penales de otros estados, pero que también podría ser modificado.
Ante la posibilidad de que la iniciativa no encontrara eco en algún legislador, la presidenta del OVSGA, Mariana Ávila, recordó que abrir las puertas a la participación ciudadana es una obligación de los legisladores, ya que las leyes finalmente se aterrizan en la ciudadanía, además el trabajo legislativo debe surgir de una realidad social y no del trabajo de escritorio.
La activista mencionó que el acompañamiento que se realizó a la familia de Samantha ha sido muy desgastante, pero no se le va a dejar sola, a la vez que hizo un llamado al Ejecutivo y a las dependencias encargadas de transversalizar la perspectiva de género, y en especial al Legislativo, a que en caso de querer conocer la Iniciativa Victoria basta con hacerles una llamada y con gusto les hacen llegar el documento que habla de este tipo penal que es urgente que se aplique en la entidad.
