Recientemente el caso llegó hasta la activista Saskia Niño de Rivera, quien hizo una entrevista a la coordinadora del OVSG en Aguascalientes, Mariana Ávila Montejano
La CNDH identificó que de 281 centros penitenciarios y de reinserción social en todo el país, al menos 12 entidades de las 32, no cuentan con un centro específico para las mujeres
El caso que ha trascendido barreras y que se ha dado a conocer, incluso, a nivel internacional gracias a las denuncias de asociaciones, como el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), es el caso de Samantha Fierro, quien se encuentra recluida en el CERESO femenil de nuestro estado y se dice víctima de violencia obstétrica.
Recientemente el caso llegó hasta la activista Saskia Niño de Rivera, quien hizo una entrevista a la coordinadora del OVSG en Aguascalientes, Mariana Ávila Montejano, que habló sobre las denuncias, ante la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por la presunta desaparición de Victoria, hija de Samantha Fierro y la violencia institucional que enfrenta desde su detención.
Sin embargo, este solo es un caso más que viven las mujeres que están en prisión en México, donde a decir de la activista Saskia Niño de Rivera, no existe en nuestro país un sistema penitenciario adecuado para las mujeres, ya que los Centros Penitenciarios están diseñados para varones.
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De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en nuestro país existen 264 centros estatales, mismos que están integrados por 24 centros femeniles, 142 centros varoniles y 98 centros mixtos.
Entre los hallazgos encontrados durante la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, la CNDH identificó que de 281 centros penitenciarios y de reinserción social en todo el país, al menos 12 entidades de las 32, no cuentan con un centro específico para las mujeres.
Los estados que no cuentan con CERESOS femeniles son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, donde la estancia para mujeres privadas de su libertad se mantiene en centros mixtos, que en la mayoría de los casos son espacios que funcionan como anexos, que no cuentan con los servicios necesarios para la atención en salud, con base en las necesidades de las mujeres y sin ginecólogos.
En las cárceles del país las mujeres viven una desigualdad estructural, pues no cuentan con espacios como aulas, bibliotecas, espacios para capacitación laboral y para el trabajo, lo cual limita el derecho a la reinserción social.
Lo anterior, es de evidenciar debido a que la población de mujeres es menor, pues al momento de la supervisión que realizó la CNDH se encontraban 213, 233 personas privadas de su libertad, de las que 201,190 (94.35%) son hombres, y 12, 011 mujeres (5.65%), esta última población, existe.
En el caso específico de Aguascalientes, en el Centro de Reinserción Social para Mujeres no se cumplía con los siguientes rubros: Aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social de las personas privadas de su libertad y necesidades cubiertas de grupos específicos, además, de una sobrepoblación, ya que aun cuando la capacidad es para 120 PPL’S, actualmente se encuentran recluidas 134 PPL’S.
Al respecto, Mariana Ávila destacó la importancia de voltear a ver estos espacios donde están las mujeres privadas de su libertad, siendo que muchas de ellas ni siquiera cuentan con una sentencia.
