La senadora Claudia Anaya abordó la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad, enfatizando que esta no es una concesión, sino un derecho fundamental. “Es nuestro derecho ser parte de una sociedad”, afirmó.
La inclusión debe garantizar acceso a la educación, salud, empleo, cultura y deporte, en cumplimiento de lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Constitución y los Tratados Internacionales. “Las personas con discapacidad no tenemos porqué tener nada menos que los demás”, añadió.
Anaya subrayó que es deber de los gobiernos implementar políticas públicas que garanticen la inclusión plena de este sector. La clave para diseñar políticas públicas efectivas radica en la capacitación de los servidores públicos y en la consulta directa con las personas con discapacidad y sus familias.
“Es necesario preguntarles cómo resolver los problemas que enfrentan. Si no lo hacemos, cometeremos errores en el diseño e implementación de las políticas públicas, lo que llevará a resultados deficientes al momento de evaluarlas”.
La senadora criticó la improvisación en el diseño de políticas públicas, señalando que esta genera fracasos al no abordar indicadores clave como el rezago, la pobreza y la discriminación. “No puedes resolver problemas sin saber. La creatividad sin conocimiento no tiene lugar en el servicio público”.
Anaya destacó la importancia de la capacitación para los servidores públicos, rechazando la idea de priorizar la honestidad por encima de la capacidad. “No se trata de 90% honestidad y 10% capacidad. Ambas son necesarias y no están peleadas entre sí. El conocimiento y la preparación son esenciales para fortalecer las instituciones”.
En el contexto del foro “Un mundo sin barreras”, donde participó como conferencista, Anaya criticó la sectorización de las políticas públicas de discapacidad, señalando que no deberían recaer exclusivamente en el DIF o en el ámbito de la salud. “El DIF es asistencialismo y no es Salud Pública. Yo tengo una discapacidad, pero no estoy enferma de nada”, enfatizó.
Propuso que las oficinas o unidades responsables del diseño e implementación de políticas públicas para personas con discapacidad estén integradas a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). De esta manera, dichas políticas serían transversales y supervisadas, asegurando que dependencias como movilidad y educación cumplan con los estándares de inclusión.
La senadora concluyó manifestando su disposición para participar en el diseño de políticas públicas enfocadas en la inclusión plena de las personas con discapacidad.
