Cosas veredes
Nueva realidad en Transparencia y Protección de Datos
Desde hace ya tiempo, se concluyó que la democracia no solo es un sistema electivo, sino todo un sistema de vida y convivencia que parte de un conjunto de reglas generales de las sociedades organizadas para garantizar que todas las personas puedan desarrollar su vida en la comunidad con una serie de derechos y obligaciones comunes para todos.
Entre los derechos fundamentales que todo estado democrático debe garantizar a las personas se encuentran los de identidad, a la nacionalidad, igualdad ante la ley, libre tránsito, libertad personal, a la privacidad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, al debido proceso, libertad de asociación, libertad de pensamiento, derecho al sufragio, etc. A estos se han agregado otros de carácter socioeconómico como el derecho al trabajo, al medio ambiente sano, a la vivienda, al acceso a servicios de salud, al agua potable, a la alimentación, e incluso algunos otros que se han derivado de los avances tecnológicos como el acceso al internet o conectividad. o la protección en redes informáticas.
Para la vida democrática, sin duda el derecho a la información, y el derecho a la protección de datos personales son de lo más relevante, pues son insumo de la gobernanza y base de la relación de los ciudadanos y las personas en general, con la autoridad y los poderes políticos.
El hecho de que recientemente se haya decidido que dos órganos constitucionales -el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)- que han tenido un papel determinante en la garantía del derecho a la información y protección de datos personales, se extinguieran, y sus funciones pasen a otras dependencias del gobierno; las del primero a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y las del segundo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) significarán un cambio sustancial en la forma en que el gobierno federal garantice esos derechos, pero de ninguna manera reducirá la importancia y el peso de la divulgación y socialización de datos de las cosas públicas, y la protección de la privacidad de las personas. La democracia mexicana ha evolucionado, no tanto como quisiéramos, desde los tiempos de la opacidad y discrecionalidad del régimen de partido de estado, y vivimos en una sociedad que demanda cada vez mayores detalles del ejercicio de los gobiernos como insumos imprescindibles para la toma de decisiones, personales, de negocios o político-electorales.
En cuanto a los datos personales, los derechos conocidos como ARCO, (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), vivimos una paradoja, pues por una parte cada día se expande más la socialización de los datos de las personas, ya que se comparten cuando se acude a servicios tradicionales y ahora también en las redes informáticas, pero a la vez surge la necesidad de protegerlos mejor ante los riesgos de ser víctimas de delitos tanto de la vieja como la nueva generación delincuencial.
El país conoce la discusión sobre la posesión de datos personales; hace varias décadas la opinión pública, previendo el riesgo de controles autoritarios, derrotó la pretensión de una “cédula de identidad”, hace menos tiempo asistimos al escándalo cuando copias de la base de datos del entonces IFE se traficaban ilegalmente, y no hace mucho fue rechazada por inviable y riesgoso el registro público de usuarios de telefonía móvil.
Si el gobierno federal ha decidido a través de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SACBG) asumir la protección de datos privados de los mexicanos, significa que asume la obligación de evitar el manejo irresponsable de los domicilios, números telefónicos, actividades, horarios, etc., que hoy circulan y se venden en bases de datos para cualquier cantidad de empresas, “call center”, organizaciones y actores políticos, y posiblemente organizaciones delincuenciales.
Falta aún la legislación secundaria que precise como el ejecutivo federal garantizará el derecho a la información y los derechos ARCO.
También falta aún precisar como el INEGI ejercerá las tareas del CONEVAL.
Lo que ya podemos saber desde ahora, es que la nueva realidad y el nuevo marco constitucional para la garantía de estos derechos indispensables para la vida democrática, si bien estará en las funciones de los gobiernos, federal, de estados y municipios, la propia sociedad necesitará que los ciudadanos, individualmente o en sus organizaciones sociales, vigilen, impulsen e inclusive generen la información y las acciones necesarias para que lo público sea cada vez más público, y los derechos y libertades individuales sean respetados y garantizados.
Desde hace décadas, existen organizaciones sociales que se mueven en el campo de la generación de datos e indicadores socioeconómicos y reclaman mayores espacios y condiciones de libertad de expresión, y hasta podemos decir que son un buen ejemplo a seguir. El “Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO”, “Oxfam-México”, “Cómo Vamos México”, “Latinobarómetro” “Artículo 19”, y otros que han sido valiosos pioneros durante la transición democrática. En Aguascalientes, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), el Observatorio Ciudadano de Gobierno (OCG), han abierto brecha. En el nuevo periodo que vive el país y nuestro estado, será necesario fortalecer las que existen, y la creación de muchas más.
