El estado de California vuelve a plantarse como la principal oposición a las políticas del presidente Donald Trump, destinando US$ 50 millones en defensa de inmigrantes y en litigios contra el gobierno federal. La medida, firmada por el gobernador Gavin Newsom, refleja la histórica tensión entre el estado más poblado de EE.UU. y la administración republicana, especialmente en cuestiones migratorias y ambientales.
De este presupuesto, US$ 25 millones serán canalizados al Departamento de Justicia de California para enfrentar posibles demandas del gobierno federal, mientras que la otra mitad será asignada a organizaciones que brinden asistencia legal a inmigrantes en riesgo de deportación. Este movimiento llega apenas días después de que Newsom regresara de Washington, donde se reunió con Trump para gestionar ayuda federal tras los incendios forestales en la región de Los Ángeles, que dejaron más de 20 muertos y cientos de damnificados.
El choque entre California y la Casa Blanca no es nuevo. Durante el primer mandato de Trump, el estado interpuso más de 120 demandas contra el gobierno federal, abordando temas que iban desde políticas ambientales hasta la protección de inmigrantes. En ese periodo, gastó aproximadamente US$ 42 millones en litigios para contrarrestar las medidas de la administración republicana. Ahora, con Trump de vuelta en la Casa Blanca, California reafirma su postura de resistencia, adelantándose a las posibles políticas migratorias restrictivas.
Republicanos critican la asignación de fondos
Como era de esperarse, la decisión ha generado un fuerte rechazo entre los legisladores republicanos del estado, quienes la ven como una distracción de problemas urgentes, especialmente la crisis de recuperación tras los incendios. El senador Brian Jones, líder de la minoría republicana, calificó la medida como “un truco político diseñado para desviar la atención de los problemas reales del estado”.
Otros legisladores conservadores, como Bill Essayli, argumentaron que este no es el momento para litigios con el gobierno federal cuando California enfrenta múltiples desafíos, incluyendo deslizamientos de tierra y una crisis de vivienda. En su opinión, los esfuerzos deberían enfocarse en la reconstrucción de las zonas afectadas y en estrategias para prevenir futuros desastres.
Además, los republicanos han expresado preocupación sobre el destino de los fondos, señalando que no existe una garantía de que no serán utilizados para defender a inmigrantes con antecedentes penales. Aunque Newsom ha asegurado que la intención no es proteger a individuos condenados por delitos graves, alentó a los legisladores a aprobar leyes adicionales si es necesario aclarar el uso de los recursos.
California, un estado santuario
Más allá de la controversia, esta asignación de fondos refuerza el papel de California como un estado santuario, es decir, una entidad que adopta políticas para proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación. Según estimaciones del Pew Research Center, hasta 2022, alrededor de 1,8 millones de inmigrantes sin autorización legal residían en California, lo que convierte al estado en un epicentro del debate migratorio en EE.UU.
El presidente de la Asamblea Estatal, Robert Rivas, justificó la asignación presupuestaria asegurando que los californianos están siendo amenazados por una administración “fuera de control” que ignora la Constitución. Para Rivas, la prioridad es garantizar que los inmigrantes y sus familias puedan vivir sin temor a redadas y deportaciones masivas.
Por su parte, la asambleísta Mia Bonta respaldó la medida argumentando que muchas familias viven con miedo ante la amenaza de las deportaciones, especialmente después de que Trump insinuara en campaña que su segundo mandato endurecería aún más las políticas migratorias.
El factor político: ¿Estrategia o convicción?
Aunque el gobierno de Newsom ha defendido la asignación de fondos como una medida de protección para los más vulnerables, no faltan quienes cuestionan el posible trasfondo político de la decisión. La asignación se aprobó tras una sesión especial convocada por el gobernador en noviembre, pocos días después de que Trump ganara las elecciones.
Para sus opositores, esta rápida respuesta es evidencia de que el enfrentamiento con la Casa Blanca es parte de una estrategia política más amplia, destinada a posicionar a Newsom y al Partido Demócrata como los grandes opositores de Trump de cara a futuros ciclos electorales.
El líder republicano James Gallagher criticó abiertamente la iniciativa, calificándola de “teatro político” en lugar de una respuesta real a las necesidades del estado. Según Gallagher, en lugar de usar los recursos para desafiar a Trump, California debería enfocarse en reducir el costo de vida y mejorar las condiciones de sus ciudadanos.
¿Qué sigue en la batalla entre California y Trump?
El historial de enfrentamientos legales entre California y la administración republicana sugiere que esta medida es sólo el comienzo de una nueva oleada de disputas. Newsom ha dejado claro que su estado no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera políticas federales abusivas, y la asignación de estos fondos es una prueba de ello.
En este sentido, se espera que la batalla legal entre California y el gobierno de Trump se intensifique en los próximos meses, con nuevas demandas en áreas como inmigración, cambio climático y derechos civiles.
Mientras tanto, los inmigrantes en California ven con esperanza y escepticismo la medida. Si bien el fondo representa un respiro para muchos que enfrentan procesos de deportación sin representación legal, persisten dudas sobre qué tan efectiva será la estrategia de litigios, especialmente considerando el historial de Trump de desafiar a los tribunales.
Lo que es innegable es que la tensión entre California y la Casa Blanca ha llegado a un nuevo punto álgido, y con Trump en su segundo mandato, es probable que esta confrontación siga marcando la política estadounidense en los años venideros.
