- Roberto Antonio Rodríguez considera que la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso
- La medida podría afectar a contribuyentes que cometan errores sin intención fraudulenta, llevándolos a la cárcel sin juicio
- Advierte sobre el impacto de la reforma en la inseguridad jurídica y el exceso de control estatal
La reforma constitucional en materia de delitos fiscales ha generado un intenso debate entre juristas y expertos. En este sentido, Roberto Antonio Rodríguez Mayoral, especialista en derecho constitucional, advirtió sobre los riesgos de la prisión preventiva oficiosa y su impacto en los derechos humanos. Durante una reciente conferencia organizada por la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Aguascalientes, Rodríguez Mayoral analizó las implicaciones de esta medida y expresó su preocupación por la inseguridad jurídica que conlleva.
Rodríguez Mayoral señaló que la redacción de la reforma deja abiertas diversas interpretaciones y no establece límites claros: “Nos dejan una inseguridad jurídica porque deja algo abierto, algo de interpretación, no maneja límites mínimos ni máximos. Es una muy mala redacción la que conlleva esta reforma en base a la facturación falsa”, afirmó.
Uno de los principales problemas de la prisión preventiva oficiosa en estos delitos es la vulneración de la presunción de inocencia y el debido proceso: “El Estado, cada vez que algo se le sale de las manos socialmente, lo quiere llevar a la prisión preventiva oficiosa”, agregó Rodríguez Mayoral. Para el especialista, la reforma representa un retroceso, ya que el nuevo sistema penal acusatorio se diseñó para garantizar los derechos humanos y evitar abusos como la detención prolongada sin juicio.
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Históricamente, el sistema penal mexicano ha enfrentado críticas por el uso indiscriminado de la prisión preventiva, lo que en muchos casos ha resultado en reclusiones prolongadas por delitos menores: “Antes, mucha gente se quedaba en prisión preventiva porque tal vez por los 5 o 10 mil pesos que le querían poner en una garantía económica no los podía obtener”, recordó el experto.
Rodríguez Mayoral también subrayó que el nuevo sistema penal acusatorio no fue diseñado para que la prisión preventiva se aplique de manera automática, sino que debe justificarse caso por caso: “Las fiscalías ahora tienen que acreditar el riesgo cautelar para que puedan imponer excepcionalmente esta medida a determinado imputado”, explicó. Sin embargo, con la reforma actual, el ministerio público ya no tendría que demostrar la peligrosidad del acusado, sino que bastaría con que se le impute cierto delito para que quede en prisión de manera automática.
El impacto de esta medida también podría alcanzar a contribuyentes que cometan errores administrativos sin intención fraudulenta: “Cualquiera de ellos podría estar en una situación complicada, preso mientras lo investigan y juzgan”, advirtió Rodríguez Mayoral. Como ejemplo, mencionó el caso de personas que reciben facturas de empresas que posteriormente son clasificadas como emisoras de operaciones simuladas sin que los receptores tuvieran conocimiento de ello.
Rodríguez Mayoral cuestionó si el endurecimiento de las medidas penales es realmente la vía adecuada para combatir la defraudación fiscal: “Para eso ya tienen auditorías, créditos fiscales y la restricción temporal de sellos digitales”, sostuvo. En su opinión, la reforma en su forma actual representa “un exceso” y podría derivar en la criminalización injusta de ciudadanos que, sin ser delincuentes, enfrenten procesos penales prolongados y privaciones de libertad injustificadas.
