- Falta de políticas de prevención tiene a Aguascalientes en los primeros lugares de violencia a nivel nacional
- Débil procuración de justicia: escasez de personal, clasificación incorrecta de delitos y falta de protocolos efectivos
- Reducción de apoyo a mujeres en riesgo: desaparición de refugios y debilitamiento de los institutos municipales de las mujeres
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes ha visto un incremento significativo en los casos de violencia y desapariciones en los últimos meses. Según su presidenta, Mariana Ávila Montejano, tan solo en 2024, la organización cerró con 94 acompañamientos activos, mientras que en lo que va de 2025, ya suman 33 nuevos casos.
“Se disparó y los casos no solo involucran violencia contra mujeres en el ámbito familiar, sino que un gran número están relacionados con servidores públicos”, afirmó Montejano y también señaló que se ha registrado un aumento en desapariciones de varones cuyos familiares buscan apoyo en estados vecinos, como Jalisco y Zacatecas, debido a la falta de coordinación entre fiscalías estatales.
Ávila subraya que uno de los principales problemas en la lucha contra la violencia es la ausencia de políticas de prevención con continuidad: “Cada que cambia la administración, se rompen programas que pudieron haber sido exitosos”, explica.
En el caso de Aguascalientes, asegura que no existe actualmente una política estatal de prevención. Además, critica la falta de metodologías claras para la reeducación de agresores: “No solo se trata de prevenir, sino de garantizar que quienes ya han cometido actos de violencia no reincidan. Sin embargo, los mandan a programas que no corresponden con su problemática, como tratamiento por uso de sustancias o prevención del suicidio”, detalla.
Como ejemplo de programas prometedores que fueron abandonados, menciona la intervención en espacios públicos, como La Línea Verde, y la Casa de la Cultura del Oriente (CACO), así como iniciativas municipales que promovían la participación de mujeres en oficios no tradicionales.
Otro problema grave es el debilitamiento de los institutos de las mujeres en los municipios: “Antes, cada municipio luchaba por tener su instituto. Aunque fueran oficinas pequeñas, las mujeres sabían que podían acudir ahí. Hoy, hay un vacío de información sobre estos espacios”, lamenta.
En su opinión, en lugar de fortalecer estos organismos, se les ha ido reduciendo personal y funciones: “Las actividades actuales abordan la violencia de manera superficial, reforzando roles tradicionales en lugar de generar estrategias de prevención efectivas”, advierte.
Respecto al cambio de gobierno federal y la llegada de la primera presidenta en la historia del país, Ávila indica que aún no se han implementado programas claros en materia de prevención. Explica que la transformación del Instituto Nacional de las Mujeres en una Secretaría no ha definido sus nuevas directrices ni el impacto que tendrán.
En particular, menciona la desaparición de recursos para refugios y espacios de apoyo a mujeres en situación de riesgo: “No hemos visto claridad en cómo operarán ahora estos programas nacionales. La justificación ha sido que estos cambios son de largo aliento, pero hasta hoy seguimos sin ver resultados concretos”, comenta.
El Observatorio también ha participado en foros recientes, junto con el Observatorio Nacional de Feminicidio, para dar seguimiento a instituciones clave como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Sin embargo, Ávila advierte que muchas de estas oficinas han sido debilitadas, afectando la transversalización de la perspectiva de género en distintas instancias gubernamentales.
Uno de los puntos más críticos es la falta de capacidad de las instituciones de procuración de justicia para atender la violencia de género. Según Ávila, hay una grave escasez de personal capacitado en las fiscalías y centros de justicia para mujeres.
“Tienes a 15 mujeres con jornadas extenuantes atendiendo cerca de 3 mil denuncias, sin peritos especializados ni infraestructura adecuada. En ocasiones, ni siquiera hay espacio físico para tomar denuncias”, denuncia.
A esta falta de recursos se suma la deficiente clasificación de delitos. “De los 17 feminicidios que registramos en 2024, solo 4 fueron reconocidos oficialmente como tal. Esto significa que 14 casos no se investigaron con perspectiva de género ni con los protocolos adecuados”, revela.
El problema también afecta otros delitos, como desapariciones, que en muchos casos son clasificadas como secuestros o accidentes para evitar un incremento en las cifras oficiales de violencia en Aguascalientes: “Se maquillan las cifras, hay falta de capacitación y una impunidad profunda dentro de las instituciones. No tienen empatía ni voluntad para atender a las víctimas y sus familias”, señala.
Para Ávila, la situación actual en Aguascalientes y a nivel nacional es el resultado de omisiones y falta de voluntad política: “No hemos avanzado en la revisión de protocolos ni en fortalecer las instituciones encargadas de la justicia. En cambio, se han realizado modificaciones innecesarias y desvíos de recursos que afectan la atención a las víctimas”.
Pese a este panorama adverso, enfatiza que la violencia es prevenible si se aplican políticas adecuadas y se garantiza la correcta implementación de programas: “Es momento de priorizar a las víctimas, de reforzar las estrategias de prevención y de exigir que las autoridades cumplan con su deber. La impunidad no puede seguir siendo la norma”, concluye.
