El gobierno de Donald Trump ha oficializado la reanudación de la construcción del muro fronterizo con México, en lo que representa el primer gran contrato de infraestructura de su segundo mandato. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que se sumarán 11.26 kilómetros adicionales a la barrera en puntos estratégicos de la frontera sur. Con un presupuesto de aproximadamente 70 millones de dólares adjudicado a la empresa Granite Construction Co., esta expansión se centrará en el condado de Hidalgo, Texas, y en un sector fronterizo entre Arizona y Sonora.
Este anuncio revive una de las promesas centrales de Trump en materia de seguridad y migración, la cual quedó inconclusa tras su primer periodo (2017-2021). Su retorno a la Casa Blanca ha estado marcado por un endurecimiento de las políticas migratorias, incluyendo el despliegue militar en la frontera y la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar deportaciones masivas.
Un muro que divide más que territorios
La justificación oficial del gobierno estadounidense para esta ampliación se basa en la necesidad de “cerrar brechas críticas” en la frontera y dificultar los cruces irregulares, además de frenar actividades de tráfico de drogas y personas. De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, la región del Valle del Río Grande, en Texas, es un punto clave donde el contrabando de personas y narcóticos ha aumentado en los últimos años.
Sin embargo, los antecedentes del muro fronterizo muestran que su impacto en la contención migratoria es, en el mejor de los casos, cuestionable. Durante el primer mandato de Trump, se aseguraba que se habían construido 480 kilómetros de muro nuevo, aunque investigaciones periodísticas, como las de BBC News, indicaron que solo 129 kilómetros correspondían a barreras completamente nuevas, mientras que el resto fueron reparaciones o refuerzos a estructuras previas.
Este resurgimiento del muro también tiene implicaciones ambientales y culturales. En la frontera entre Arizona y Sonora, comunidades indígenas, como la nación Tohono O’odham, han denunciado que las construcciones previas han destruido sitios sagrados y alterado ecosistemas. En 2022, el gobierno estatal de Arizona había optado por colocar barreras temporales con contenedores de carga en lugar de nuevas secciones de muro, lo que indica que las estrategias de contención han sido diversas y, en ocasiones, improvisadas.
El factor político y la postura de México
Más allá de la seguridad, la reactivación del muro fronterizo también tiene una fuerte carga política. Trump ha insistido en que su administración ha reducido el cruce de migrantes “en un 99 %” en comparación con la de Joe Biden, aunque no ha presentado cifras oficiales que respalden dicha afirmación. Su retórica de seguridad nacional se ha acompañado del despliegue de 9,600 efectivos militares en la frontera y el endurecimiento de las deportaciones.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su desacuerdo con la política del muro y ha reiterado la postura de su gobierno: “Es mejor construir puentes que muros”. Argumenta que la solución a la crisis migratoria no debe centrarse en barreras físicas, sino en la inversión social y económica en los países de origen de los migrantes. A pesar de ello, el gobierno mexicano no ha emitido medidas concretas para contrarrestar esta expansión, ni ha presentado propuestas formales para el desarrollo conjunto de estrategias migratorias con EE.UU.
¿Un freno real a la migración?
El debate sobre la eficacia del muro es recurrente. La construcción de barreras físicas ha demostrado ser solo una medida paliativa dentro del fenómeno migratorio, sin abordar sus causas estructurales. A lo largo de los años, los migrantes han encontrado diversas formas de sortear el muro, ya sea a través de túneles, cruces en zonas sin barrera o mediante traficantes de personas que los ayudan a ingresar ilegalmente.
El aumento del presupuesto en infraestructura fronteriza y despliegue militar podría generar un impacto a corto plazo en la reducción de cruces ilegales, pero a largo plazo, la necesidad de migrar sigue siendo más fuerte que las barreras impuestas. Mientras las condiciones económicas, de seguridad y laborales en países expulsores no mejoren, el flujo migratorio continuará buscando rutas alternativas.
En conclusión, la expansión del muro fronterizo es un reflejo del endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, pero sus beneficios reales son debatibles. Enfrenta críticas por su efectividad, sus costos y sus implicaciones humanitarias y ambientales. La postura del gobierno mexicano en contra de esta medida no ha pasado de ser simbólica, lo que sugiere que, más allá de las declaraciones diplomáticas, no se vislumbran cambios en la estrategia migratoria bilateral en el corto plazo.
