La imposición de un arancel universal del 10% por parte del gobierno de Estados Unidos, bajo el argumento de proteger la soberanía económica, ha abierto una nueva etapa en las relaciones comerciales internacionales. No se trata de una medida aislada. Forma parte de una lógica de contención, de reposicionamiento estratégico y, sobre todo, de una visión del comercio como instrumento de poder. Las implicaciones jurídicas, económicas y sociales son múltiples, y colocan a países como México en una posición que requiere reflexión, preparación y acción informada.
Esta medida encuentra fundamento en la legislación estadounidense a través de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), que permite al Ejecutivo actuar ante emergencias nacionales. En este caso, el déficit comercial ha sido presentado como una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, en el plano internacional, la situación es distinta. El orden jurídico que rige el comercio global construido sobre el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y consolidado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece reglas claras para evitar acciones unilaterales como esta. De hecho, ya se han iniciado procedimientos de queja ante la OMC, lo que podría escalar a un conflicto legal y político de mayor alcance.
Más allá del litigio, lo cierto es que el comercio internacional está entrando en una nueva etapa. Lo que por décadas fue sinónimo de apertura y cooperación, hoy se debate entre el proteccionismo y la fragmentación. El impacto económico de este cambio ya es perceptible: incertidumbre en los mercados, reconfiguración de las cadenas de valor, afectaciones a los precios de los insumos, y una creciente presión sobre las economías emergentes.
Para México, la situación es particularmente compleja. Aunque ha sido excluido de los aranceles anunciados, la interdependencia con Estados Unidos convierte cualquier alteración en sus políticas comerciales en un asunto doméstico. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020, establece compromisos en materia de aranceles, reglas de origen y solución de controversias. A nivel normativo, hay mecanismos disponibles para proteger los intereses nacionales si alguna de las partes incumple el acuerdo. Pero en términos sociales y económicos, el desafío va más allá de los tratados.
Sectores clave como el automotriz, el agrícola y el manufacturero dependen de un flujo constante, previsible y libre de barreras para poder operar con eficiencia. El más mínimo cambio en los costos de importación o exportación puede traducirse en menor margen para las empresas, reducción de inversión o incluso pérdida de empleos. Y es aquí donde el análisis cobra dimensión social: no se trata únicamente de cifras o tratados, sino de personas, de comunidades y de regiones que dependen directa o indirectamente del comercio exterior para su sustento.
La historia ofrece antecedentes claros. En 1930, la Ley Smoot-Hawley elevó los aranceles estadounidenses a niveles récord. La respuesta del resto del mundo fue inmediata: represalias, colapso del comercio y una profunda recesión global. Si bien el contexto actual es distinto, con mayor interdependencia y una arquitectura institucional más sólida, las dinámicas de reacción siguen vigentes. Cuando una potencia modifica unilateralmente las reglas, el sistema se desequilibra.
Por otro lado, esta coyuntura nos obliga a repensar el modelo económico y productivo del país. La dependencia comercial no es en sí un problema, pero sí lo es la falta de alternativas. En ese sentido, México ha dado pasos relevantes con la firma del TIPAT y del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea. Sin embargo, la diversificación no debe ser sólo geográfica, sino también estructural. Es momento de invertir más en ciencia, tecnología, infraestructura logística y capacitación técnica. Solo así se podrá construir una economía con capacidad de adaptación frente a los nuevos desafíos del entorno global.
Desde el punto de vista legal, nuestra Constitución otorga al Ejecutivo la conducción de la política exterior (art. 89) y reconoce a los tratados internacionales como parte del orden jurídico nacional (art. 133). Esto implica que los compromisos asumidos en materia comercial no solo deben cumplirse, sino también utilizarse como herramientas para la defensa de los intereses nacionales. La Ley de Comercio Exterior, a su vez, prevé mecanismos para responder ante prácticas que afecten la estabilidad de sectores clave.
Pero más allá de la legalidad, está la legitimidad. Las decisiones que afectan a millones de personas deben analizarse también desde su impacto real. ¿Qué sucede con las pequeñas y medianas empresas que importan insumos para producción? ¿Cómo se protegen los empleos en zonas fronterizas altamente integradas? ¿Qué estrategias pueden implementarse para sostener la competitividad sin recurrir a subsidios generalizados o prácticas desleales?
La política comercial debe dialogar con la política social. No hay crecimiento posible si no se traduce en bienestar. Y no hay soberanía económica posible si no se respalda en un aparato productivo sólido, innovador e incluyente.
Finalmente, este contexto exige una visión de Estado. El comercio no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar condiciones de desarrollo. México cuenta con las herramientas legales, diplomáticas y productivas para afrontar estos retos. Lo que se requiere ahora es coordinación entre niveles de gobierno, sectores productivos y sociedad civil. El papel del Congreso, además, es clave para analizar, proponer y fiscalizar las políticas públicas en la materia.
La guerra comercial en curso no debe verse sólo como un conflicto entre dos potencias. Es, también, un síntoma de un nuevo orden en gestación. Frente a ello, México tiene la oportunidad de consolidarse como un actor serio, responsable y preparado para dialogar, negociar y avanzar. La clave estará en convertir los riesgos en aprendizaje, y las tensiones en oportunidades.
