- El Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma que declara patrimonio cultural a las corridas de toros, peleas de gallos y charreadas
- Activistas advierten que esta medida contradice leyes federales que prohíben el maltrato animal
- La SCJN podría intervenir para revisar la constitucionalidad de esta reforma, que aún requiere aprobación municipal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría enmendar la plana al Congreso del Estado de Aguascalientes por haber elevado a rango constitucional la protección de las peleas de gallos, corridas de toros y charreadas, al declararlas patrimonio cultural de la entidad.
El diputado Rodrigo Mireles consideró que este tipo de actividades representan una forma de recreación para parte de la población, aunque reconoció que “siempre hay una línea muy delgada en estos eventos”. Más allá de su declaratoria como parte del patrimonio cultural, añadió: “Hay otras instancias, y recuerden que a este Congreso le encanta que la Suprema Corte le diga cómo hacer las cosas”, subrayó.
Recientemente, el Congreso local causó revuelo a nivel nacional tras aprobar esta reforma constitucional. La iniciativa fue presentada el 10 de abril y votada en cuestión de días por el Pleno, justo en coincidencia con una marcha programada para respaldar la continuidad de las corridas de toros.
Al respecto, el abogado Arturo Berlanga, integrante de la asociación civil Animal Naturis, enfatizó que existe legislación federal que prohíbe el maltrato animal, incluyendo las corridas de toros, por lo que -según su postura- el gobierno de Aguascalientes estaría incurriendo en una contradicción legal al aprobar dicha reforma.
Cabe señalar que el proceso aún no ha concluido, ya que falta que los ayuntamientos del estado aprueben la modificación constitucional. No obstante, los defensores de la tauromaquia parecen tener una ventaja frente a los activistas, pues el serial taurino se desarrolla sin contratiempos durante la Feria Nacional de San Marcos. Por su parte, los activistas decidieron posponer la manifestación que tenían prevista para el 27 de abril, debido a presuntas amenazas de muerte.
