Aylin Rodríguez Fernández tenía 20 años. Era estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Tenía amigas que la buscaron desesperadamente, una comunidad universitaria que la abrazaba, una vida por delante. Hoy, lo único que queda es un dolor insoportable y una rabia que no cesa. Porque Aylin fue asesinada. Fue golpeada brutalmente hasta morir. Y como siempre, las autoridades llegaron tarde, prometieron lo mismo de siempre y se refugiaron en boletines tibios mientras la indignación crece como un fuego que no encuentra justicia.
La madrugada del 4 de abril, el cuerpo de Aylin fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Jiutepec. Según los reportes, la noche anterior vecinos escucharon gritos de auxilio. Cuando los paramédicos llegaron, Aylin ya no tenía signos vitales. Fue un feminicidio. Fue un crimen brutal. Fue su pareja sentimental —presunto agresor— quien fue detenido en el lugar por los mismos vecinos, hartos, indignados, desesperados. ¿Y las instituciones? Llegaron después, como siempre. Cuando ya era tarde.
La Fiscalía General del Estado (FGE) habla de una “vinculación a proceso”, de “medidas cautelares”, de “protocolos con perspectiva de género y enfoque interseccional”. Palabras. Palabras recicladas que no salvan vidas. Edgar Maldonado Ceballos, titular de la FGE, se comprometió con la familia, con la universidad, con la sociedad. ¿Pero de qué sirve ese compromiso cuando las mujeres siguen siendo asesinadas y las instituciones solo reaccionan cuando hay presión mediática o movilizaciones masivas?
La comunidad universitaria no esperó a los comunicados: salió a las calles, llenó las aulas de silencio, prendió velas, levantó pancartas. “Hasta mi último suspiro gritaré tu nombre”, “Psicología está de luto”, “No estamos todas, falta Aylin”. No fue un acto espontáneo de duelo: fue una protesta contra un sistema que protege mal, que previene nada y que actúa solo cuando el horror ya ocurrió.
La UAEM condenó el feminicidio y exigió una investigación con perspectiva de género. El rectorado pidió prevención. Pero eso no basta. No bastan los boletines que se olvidan con el siguiente crimen. No bastan los compromisos institucionales que nunca se traducen en cambios estructurales. ¿Cuántas veces más tenemos que repetirlo? ¿Cuántas vidas más deben arrebatarnos para que dejen de tratar los feminicidios como trámites administrativos?
Aylin no fue la primera, y si el sistema no cambia, no será la última. Eso es lo verdaderamente criminal.
Su feminicidio no puede ser otro número más en las estadísticas. No puede quedar atrapado entre expedientes y promesas vacías. Exigimos verdad, reparación, justicia real —no la que se redacta en oficinas— y garantías de no repetición. Porque la indignación ya no cabe en las calles. Y mucho menos en los boletines.
