Bajo presión Ideotas locales
El furor que despertó la implementación de la Ley Kuri en Querétaro -que prohíbe el uso de celulares en las escuelas- se desvaneció muy pronto, solo alcanzó para despertar el entusiasmo punitivo en otras entidades, pero no lo suficiente como para analizar la propuesta a partir de una evaluación de sus efectos en lo que, se supone, buscaba conseguir: proteger a los menores de la violencia digital.
Como la Ley Kuri fue impuesta sin ningún diagnóstico, se mantendrá sin ninguna evaluación. Total, lo que importa son las buenas intenciones, sin importar que se vulneren los derechos de niñas y niños, se convierta a los docentes en policías, y se pierda la oportunidad de educar en el uso de nuevas tecnologías. Al final, a los padres de familia se les quita la responsabilidad primera con sus hijos y el gobierno hace como que está haciendo algo. Justo el tipo de medidas hipócritas que le fascinan a las diputadas y diputados de Aguascalientes.
Como ahora lo de moda es el combate a los narcocorridos, en el Congresito los legisladores del PAN-PRI-PRD decidieron entrarle al tema y proponen castigar la apología del delito en espectáculos públicos con penas de prisión y multas de hasta 278 mil pesos. Vámonos recio contra la violencia, si suena a tuba, es delito; si lleva acordeón, cárcel, y si el corrido menciona algo más que caballos de palo, multa. Para eso van a reformar el Código Penal local y crear el artículo 178 E, que sancionaría la provocación a delinquir o la exaltación del crimen en eventos abiertos al público, especialmente cuando se promuevan conductas como el narcotráfico, uso de armas, violencia contra la autoridad o la delincuencia organizada. Además, se plantea adicionar un párrafo al artículo 36 de la Ley Municipal, para que los ayuntamientos promuevan espectáculos sanos y educativos, e incluyan la prohibición expresa de interpretar o reproducir música, imágenes o videos que hagan apología del delito en espacios públicos.
La iniciativa prianrredista contempla que este delito se persiga de oficio, es decir, no será necesaria una denuncia ciudadana para que las autoridades actúen. Las sanciones incluyen prisión de 6 meses a 1 año; multas de 500 a 1,000 días de salario mínimo; en caso de que el contenido esté dirigido a menores de edad o se difunda en entornos educativos, culturales o recreativos, las penas podrían incrementarse hasta en una mitad adicional. También se estudia la posibilidad de elevar las sanciones hasta 100 mil días de salario mínimo en situaciones agravantes.
¿A quién de la mayoría en el Congresito se le habrá ocurrido la ideota? Dicen que hay dos iniciativas, pero para no ponerse en riesgo, seguramente la mayoría avalará un menjurje revolcado que nada dice de los negocios turbios, de los pactos con el crimen o de los partidos que reciclan candidaturas con pasado criminal, porque el problema, ya lo sabemos, es que los narcos tienen corridos.
La presidenta de la JUCOPO, Alma Hilda Medina, dijo que no es solo contra los narcocorridos, que se castigará “todo aquello” que glorifique delitos. Todo aquello. Tan clara la redacción como un cartel de feria mojado por la lluvia. Y como la ley es tan amplia y ambigua, cualquier gente buena con complejo de juez podrá decidir qué se puede oír y qué no. Ah, pero tranquilos: no es censura. Es por el bien de los niños.
El diputado Salvador Alcalá Durán nos regaló una joya: “Nosotros no estuvimos sujetos a esto en su momento y eso nos ayudó a tener una niñez, adolescencia y juventud muy sana”. Claro, porque en los noventa no había violencia, ni crimen, ni corrupción. Todo era amor, pastel de tres leches y la Virgen tocando el timbre para saludarte.
Nancy Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que esto no es censura, que no se trata de prohibir géneros musicales, sino de garantizar que los espacios públicos no sean escenarios de glorificación del delito. Y en ese afán garantista, proponen una ley sin garantías claras, con criterios tan elásticos que podrá castigar desde un concierto hasta un post en redes, dependiendo del humor del ministerio público o cualquiera que auxilie a perseguir de oficio este delito, pero nadie dice quién va a determinar qué canción, serie o verso cae en la categoría de apología. ¿Un comité de buen gusto encabezado por el obispo? ¿Algún DJ de la Policía Estatal? ¿La mamá de alguno de los diputados?
De nuevo, la verdadera ideota es creer que la violencia se combate criminalizando canciones en lugar de atender las causas: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la impunidad rampante. Pero eso no da likes, ni sale en rueda de prensa. Mejor un escándalo moral, que da para entrevistas y para inflar el ego. Que se oiga fuerte y claro: Aguascalientes es territorio libre de narcocorridos… aunque no de narcos.
Y ojo, que no es que en el Congresito no sepan legislar. El problema es que lo hacen con más ganas de quedar bien que de hacerlo bien. Como solo saben de copy-paste o de aprobar lo que les mandan desde Palacio de Gobierno, la ley está tan mal hecha que nadie sabe quién decidirá si un contenido viola la norma, pero eso sí, que se persiga de oficio para que se note que van en serio. Genial. Vamos a meter a la cárcel a quien reproduzca un corrido en una fiesta patronal, pero hay que voltearse ante los verdaderos actos del crimen organizado, para eso siempre le podrán echar la culpa a los fuereños.
Los diputados, que no saben más que promocionarse en redes con furor populista, decidieron que la mejor manera de combatir el crimen organizado es taparse los oídos. Que la violencia siga, pero sin banda sonora. Total, mientras no suene, no existe.
Coda. Aunque parezca que estas iniciativas prianrredistas son una copia de la del morenista Arturo Ávila, sabemos que no lo son, al menos al vocinglero oficialista sí le gira la ardilla, mientras que en nuestro Congresito el coco solo da para quedar bien con la mano que mece la cuna.
@aldan
