En un país donde ser madre de una víctima parece requerir también ser perita, abogada y escolta, las declaraciones del abogado Gerardo Rincón Flores, defensor del exentrenador de gimnasia Damazo “N”, rebasaron todos los límites de la desfachatez institucionalizada. Ante medios de comunicación, y frente a mujeres que han sostenido la lucha por justicia desde el hartazgo, Rincón aseguró que “las señoras vienen preparadas para hacer pleito en vez de cuidar a sus hijas”.
La frase, pronunciada con descaro en el contexto de una protesta legítima frente al Palacio de Justicia de Nuevo León, refleja la profundidad del sistema patriarcal que insiste en desviar el foco del agresor hacia las víctimas o, peor aún, hacia sus madres. No se trata solo de una estrategia legal: es una estrategia social de impunidad.
Damazo “N” fue detenido el pasado 26 de abril por presuntos delitos equiparables a la violación, tras acumular al menos 16 denuncias de abuso sexual cometidas durante la última década, principalmente en el gimnasio Klass de San Nicolás, cuando las víctimas eran menores de edad. Su captura se produjo semanas después de que una joven denunciara públicamente su caso en el marco del 8 de marzo, impulsando una serie de testimonios similares.
Pero el proceso judicial ha sido, como suele ocurrir, un laberinto de obstáculos para las víctimas. La audiencia del 30 de abril, que debía avanzar hacia la vinculación a proceso, fue nuevamente aplazada. ¿La razón? La defensa cambió de representantes legales, una jugada que, según Alejandro Romano, abogado de dos víctimas, responde a una táctica dilatoria ya utilizada antes por el mismo bufete. La jueza aceptó reprogramar la audiencia para el 6 de mayo, aunque con la condición de que futuros cambios se notifiquen con al menos tres días de antelación.
La revictimización no solo ocurrió en la declaración del abogado, sino también en la forma en que el proceso judicial se arrastra. No es casual que la audiencia coincida con manifestaciones de madres exigiendo justicia, ni que la narrativa legal se construya con frases que apuntan a “la responsabilidad de los padres” como si eso redujera la gravedad de los actos del entrenador.
Mientras las familias de las víctimas aguardan justicia, las del acusado también se han movilizado, mostrando apoyo con pancartas. La escena judicial, entonces, se convierte en un duelo desigual, donde quienes denuncian deben soportar no solo el recuerdo de la violencia, sino la violencia institucional cotidiana.
Lo alarmante no es solo la existencia de múltiples denuncias contra un mismo sujeto. Lo que debería encender todas las alarmas es la forma en que el sistema se pliega para protegerlo: aplazamientos, amparos, discursos que diluyen responsabilidades y trasladan la carga emocional, legal y mediática a las familias afectadas.
En lugar de exigir pruebas, celeridad y compromiso del Estado para con las víctimas, se les exige paciencia. En lugar de garantizar acceso a la justicia, se les entrega una audiencia más. En lugar de enfocarse en el presunto agresor, se señala con dedo inquisidor a las madres.
