En México, el precio de las consultas médicas privadas aumentó 6.1% en abril de 2025, el mayor incremento en más de dos décadas. Este dato, reportado por el INEGI, no es solo un índice más: es la señal de alarma de un sistema público de salud que ha dejado de responder. Mientras la inflación general fue de 3.9%, el costo de ir al médico —sea general, especialista, curandero o quiropráctico— crece por encima del bolsillo promedio, y por debajo del radar gubernamental.
El detonante de esta escalada de precios, coinciden analistas, no es únicamente económico, sino estructural: la desaparición del Seguro Popular, la escasez de medicamentos, los intentos fallidos de depuración administrativa, y una pandemia que expuso y profundizó las grietas de un sistema que ya venía debilitado. En palabras de Luis Fernando Hernández Lezama, presidente del Comité Técnico de la asociación civil Soy Paciente, “la salud se ha vuelto un negocio”, donde la lógica del mercado impone las reglas de acceso.
El INEGI revela que 64% de la población prefiere ya atenderse con médicos privados, desde consultorios de farmacia hasta pequeños espacios improvisados en domicilios particulares. Este fenómeno responde tanto al desbordamiento de hospitales públicos como al abandono de los mismos. Mientras más ciudadanos migran hacia lo privado, menos presión ejercen sobre el Estado para reformar el sistema, generando un ciclo perverso: el deterioro institucional alimenta la privatización, y esta, a su vez, incrementa los costos.
Esta dinámica también se ve reflejada en los precios de hospitalización, que subieron 6%, y en los partos y puerperios, que se incrementaron 6.2%. Los medicamentos no son la excepción: los destinados a la diabetes subieron 7.5%, los antiinflamatorios 7.2%, y los anticonceptivos 6.7%. De fondo, hay una inflación médica acumulada del 13.3% en 2024, y una proyección de 14.9% para este año, según la consultora WTW.
Los médicos privados no son los villanos de esta historia. Muchos invierten en equipamiento de última generación —muchas veces importado a precios internacionales— para brindar mejores servicios, pero ese costo se traslada inevitablemente al paciente. La tecnología médica, si bien mejora diagnósticos, encarece el acceso y alimenta un modelo desigual.
Además, el turismo médico —que durante años fue presentado como una ventaja competitiva del país— se está consolidando como una consecuencia del colapso institucional: extranjeros que viajan a México por precios más bajos que en sus países, mientras los mexicanos enfrentan barreras cada vez más altas para acceder a su propio sistema de salud.
La rentabilidad del negocio privado ha crecido entre 200% y 300%, según Hernández Lezama, mientras el gasto en salud y alimentación absorbe buena parte de los recursos de los programas sociales. Lo inmediato suplanta a lo estructural, y en ese cortoplacismo se ahoga la posibilidad de una reforma verdadera. Cuando una cirugía mayor, una tomografía o un tratamiento para enfermedades crónicas se vuelven impagables en lo privado e inaccesibles en lo público, el derecho a la salud queda reducido a una promesa de campaña sin garantías.
La falta de presión social para exigir un sistema público digno también es parte del problema. Sin organización ciudadana ni voluntad política, el negocio de la salud seguirá en ascenso, mientras la cobertura pública retrocede. Como si se tratara de una suscripción premium, enfermarse será cada vez más un lujo que no todos podrán costear.
