- La Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A) denunció públicamente intentos por frenar el juicio de amparo interpuesto contra el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Aguascalientes, al que acusan de haber sido aprobado con simulaciones de participación ciudadana y favoreciendo intereses inmobiliarios.
Durante una rueda de prensa, Alejandro Larios, director de Conversa Sur y Pavel Castañeda, integrante de ADN-A, explicaron que la abogada Viviana Paola Pérez Preciado, de Guadalajara, ha promovido nueve recursos jurídicos sin sustento legal en nombre del biólogo Luis Fernando Gallardo Cabrera, quien no forma parte del juicio ni firmó la demanda. Estos recursos han generado la suspensión del proceso judicial, retrasando la resolución del amparo.
Los activistas denunciaron que esta estrategia podría abrir la puerta a la entrega de permisos o arranque de obras en zonas que fueron reclasificadas dentro del nuevo POEL, lo que significaría afectaciones ambientales irreversibles.
El POEL ha sido señalado por diversas organizaciones civiles por reducir en más de 3,500 hectáreas las áreas destinadas a conservación, al reclasificar zonas ecológicas como espacios de aprovechamiento, facilitando así el desarrollo urbano en áreas con valor ambiental.
Además, la alianza acusó que el proceso de consulta pública se llevó a cabo con simulaciones de diálogo, donde sus propuestas fueron ignoradas, mientras que solicitudes anónimas con posibles vínculos a desarrolladores inmobiliarios sí fueron tomadas en cuenta. “Lo que vemos es una captura institucional y una simulación legal que permite favorecer intereses privados, mientras se vulnera el derecho ciudadano a un entorno sano y a una ciudad más justa”, señalaron.
La ADN-A hizo un llamado a las autoridades judiciales para que desechen los recursos improcedentes y permitan continuar con el juicio de amparo. También exigieron que el gobierno municipal aclare públicamente los cambios realizados en el POEL y garantice que no se emitirán permisos de construcción en las zonas impugnadas mientras el juicio esté en curso.
Finalmente, la alianza recordó que el ordenamiento ecológico es una herramienta legal clave para la protección del territorio, y que modificarlo sin criterios técnicos ni participación efectiva pone en riesgo los recursos naturales, la calidad del aire, el agua y la salud pública.
