La guerra contra el fentanilo tiene nuevo trofeo: el gobierno de Estados Unidos anunció el decomiso más grande de esta droga en su territorio, con 16 miembros del Cártel de Sinaloa detenidos, millones de pastillas confiscadas y un discurso beligerante que mezcla justicia penal, política migratoria y estrategia electoral.
La fiscal general Pam Bondi, una de las figuras clave del aparato judicial durante la administración de Donald Trump, fue la encargada de presentar los resultados del operativo encabezado por la DEA (Administración de Control de Drogas). La operación, que se extendió por estados fronterizos y del suroeste como Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, Colorado y Oregon, logró incautar cerca de 3 millones de pastillas de fentanilo, además de 35 kilogramos de metanfetaminas, 7.5 kilos de cocaína, 4.5 kilos de heroína, 49 armas de fuego (incluidas armas fantasmas), 7 vehículos y más de 5 millones de dólares.
Según el gobierno estadounidense, este golpe al Cártel de Sinaloa representa “la victoria más significativa en la lucha contra el narcotráfico y el fentanilo” hasta ahora. Pero más allá de las cifras, el mensaje político fue claro: tolerancia cero. “No negociaremos con quienes están asesinando a nuestros familiares”, sentenció Bondi, aludiendo a las más de 75 mil muertes anuales en EE.UU. asociadas al consumo de esta droga sintética.
Entre los detenidos se encuentra Heriberto Salazar Amaya, señalado como líder de la célula operativa en Oregon. Salazar había sido deportado previamente en dos ocasiones a México, lo que da pie a otra narrativa central del operativo: el cruce entre narcotráfico y migración irregular. De los 16 detenidos, seis no contaban con estatus migratorio legal, lo que reforzó el discurso de seguridad fronteriza de la administración Trump, que ya había calificado al Cártel de Sinaloa como organización terrorista en febrero pasado.
La fiscal Bondi no dudó en revivir viejos símbolos de dureza carcelaria al insinuar que los capturados podrían ser enviados a Alcatraz, como metáfora más que como destino real. Su insistencia en que no se buscarán acuerdos legales con los detenidos refuerza el carácter ejemplarizante del caso: “Los encerraremos el mayor tiempo posible”.
Aunque las declaraciones buscan reforzar una imagen de efectividad y firmeza, hay aspectos que invitan al análisis crítico. El operativo tardó seis meses en concretarse, lo que sugiere un seguimiento prolongado que no impidió la distribución de drogas en múltiples estados. Además, el aumento del 40 % en el decomiso de narcóticos en la frontera durante marzo, respecto a febrero, indica que el flujo no se detiene.
Las autoridades estadounidenses insisten en culpar a México por ser la ruta de entrada del fentanilo, fabricado con precursores químicos provenientes de China. Pero esta narrativa olvida que el consumo, distribución local y colapso de salud pública por opioides son problemas internos de EE.UU. cuya solución no se encuentra exclusivamente del otro lado del Río Bravo.
En paralelo, figuras como Stephen Miller, asesor de Trump, han utilizado el caso para recalcar que, si bien México “ha hecho más que nunca”, aún está “muy lejos de lo que el Presidente espera”. La presión sigue siendo bilateral, pero con dirección unilateral: más control en el sur, menos reflexión en el norte.
Al final, esta operación es un espectáculo político tanto como un golpe al narcotráfico. El mensaje se dirige a dos públicos: los votantes estadounidenses preocupados por la crisis de opioides y los actores criminales mexicanos que, lejos de estar desmantelados, siguen reconfigurando sus rutas. Washington presume su éxito, pero la película —o más bien, la serie de episodios sobre fentanilo— está lejos de llegar a su final. ¿Próximo capítulo? Nuevas capturas, más decomisos… y el mismo guion electoral.
