Francisco Garduño dejó la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM) dos años después de la tragedia de Ciudad Juárez, en la que 40 migrantes murieron asfixiados tras quedar encerrados en una estación migratoria en llamas. Su salida no se da por justicia ni como consecuencia directa de los hechos, sino como parte de una transición burocrática que el propio gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum calificó de “ordenada” y “cordial”. En realidad, se trata de un relevo plagado de simbolismos vacíos y simulación institucional.
Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla y cercano al grupo político de la presidenta, fue nombrado nuevo titular del INM con cinco meses de retraso respecto a lo anunciado. Su designación ocurre justo cuando Garduño logra suspender definitivamente el proceso penal en su contra, gracias a un arreglo judicial que exige una disculpa pública aún sin fecha definida. Mientras tanto, las víctimas —vivas y muertas— siguen esperando justicia.
La narrativa oficial quiere vendernos un cambio de rostro y una nueva etapa “humanista” en la política migratoria. Céspedes promete atender la movilidad humana con “dignidad, orden y corresponsabilidad regional”, alineado con el discurso de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Pero las palabras suenan huecas cuando el Estado no ha asumido responsabilidad efectiva por una tragedia que fue más consecuencia de una política de contención migratoria dictada por presiones externas —principalmente de Donald Trump— que de un error aislado.
Garduño, por su parte, se despidió en redes sociales con un mensaje que omite por completo la tragedia que marcó su gestión. “Me voy con el alma llena de orgullo”, escribió, como si dirigir una institución señalada por encierros ilegales, tratos inhumanos y omisiones fatales fuera motivo de celebración. No es exagerado decir que su salida se celebra más por las organizaciones de derechos humanos que por el propio gobierno.
Desde marzo de 2023, cuando ocurrió el incendio, colectivos como DHIA, IMUMI y la Fundación para la Justicia han exigido su destitución inmediata y el avance del proceso penal. Sin embargo, la permanencia de Garduño en el cargo —a pesar de estar vinculado a proceso— fue prolongada por cálculos políticos. Según la propia presidenta Sheinbaum, mantenerlo fue una decisión estratégica para conservar “buenas relaciones” con las contrapartes migratorias en Estados Unidos y Guatemala. La vida de 40 personas migrantes quedó subordinada a la diplomacia.
Además del incendio, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 11.7 millones de pesos durante la gestión de Garduño, incluyendo contratos inflados, gastos no comprobados y servicios fantasmas. Entre ellos, destacan 4.5 millones en traslados duplicados realizados por un solo chofer en horarios simultáneos, y otros 3.3 millones en alimentos sin evidencia de entrega. Todo esto sin consecuencias legales ni administrativas, mientras se hablaba de “orden” institucional.
El relevo no representa justicia ni corrección del rumbo. Céspedes llega con un discurso de continuidad disfrazado de cambio. En lugar de reconocer el carácter estructural de las violencias migratorias en México, se insiste en que todo puede solucionarse con más burocracia, más capacitación y nuevos nombramientos. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen sin conocer la verdad completa ni ver avances reales en su exigencia de justicia.
Hoy Garduño se va por la puerta grande, sin disculpa pública, sin juicio, sin sentencia. Y en su lugar entra un operador político más, con la promesa de hacer lo mismo pero con mejor retórica. No se trata de un nuevo capítulo en la política migratoria, sino de una burla institucional a la memoria de 40 vidas truncadas por negligencia del Estado mexicano.
