En un nuevo capítulo de su cruzada proteccionista, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido apuntar su artillería comercial hacia la industria cinematográfica global. En un anuncio publicado en su red Truth Social, Trump ordenó al Departamento de Comercio y al Representante de Comercio de EE.UU. iniciar el proceso para imponer un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera del país que sean exhibidas en territorio estadounidense.
¿La justificación? La narrativa es la misma que ha acompañado muchas de sus políticas económicas: defensa de la industria nacional, acusaciones de competencia desleal y, esta vez, una alerta sobre la seguridad nacional. Según Trump, otros países están ofreciendo incentivos para atraer a cineastas y estudios estadounidenses, lo que estaría debilitando seriamente a Hollywood y a otras zonas clave de producción dentro de EE.UU. “La industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente”, afirmó. Y fue más allá: calificó al cine extranjero de ser “mensajería y propaganda”, sugiriendo un “esfuerzo concertado” para debilitar culturalmente al país.
El anuncio ha encendido alarmas tanto dentro como fuera de la industria, no sólo por lo radical de la medida sino por la falta de detalles sobre su aplicación concreta. No se ha especificado si los aranceles aplicarán a todas las plataformas de exhibición —cine, streaming, video bajo demanda—, ni si incluirán también a las series de televisión, que en los últimos años se han convertido en un pilar de la economía audiovisual global. Esta ambigüedad no es menor: gran parte del contenido consumido por el público estadounidense es producido fuera del país o mediante colaboraciones internacionales.
Además, el anuncio llega en un momento tenso en las relaciones comerciales globales. China, blanco frecuente de las políticas arancelarias de Trump, ya ha respondido con una reducción en el número de películas estadounidenses permitidas en sus cines, afectando un mercado que es el segundo más grande del mundo y esencial para los ingresos de los grandes estudios de Hollywood. En ese contexto, la nueva medida podría terminar siendo un búmeran: en su intento por proteger a la industria nacional, Trump podría terminar limitando sus oportunidades en el mercado global.
A esto se suma el hecho de que muchas producciones estadounidenses ya operan en el extranjero como una forma de abaratar costos o acceder a incentivos fiscales. Países como Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda o México se han convertido en sedes habituales para filmaciones de alto presupuesto. Si estos aranceles se aplican de forma estricta, el cine “estadounidense hecho fuera de Estados Unidos” también podría verse afectado, lo que abriría una nueva grieta en la industria que, en lugar de fortalecerse, podría fragmentarse aún más.
Así, en su afán por levantar nuevos muros, esta vez en el terreno del entretenimiento global, Trump ha puesto en juego no sólo los flujos económicos del cine, sino también su dimensión cultural. Porque, aunque el presidente diga que esto es para defender al cine estadounidense, la medida también puede entenderse como un intento por controlar la narrativa y blindar la pantalla a otras miradas. Y eso, en un mundo donde la diversidad de historias es más necesaria que nunca, no es un simple arancel: es una declaración ideológica.
