Rubén de Jesús Ibarra Reyes, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), fue condenado por el delito de violación equiparada agravada contra una menor de edad. La pena impuesta: cuatro años de prisión. El privilegio concedido: cumplirlos en libertad. La incongruencia, monumental.
Aunque la UAZ finalmente oficializó su destitución tras una sesión extraordinaria del Consejo Universitario —que rechazó su renuncia para poder cesarlo formalmente por “delito intencional”—, la decisión judicial de permitirle enfrentar su condena fuera del penal ha encendido la indignación dentro y fuera de la comunidad académica. ¿Es esta justicia? ¿O es un caso más de impunidad maquillada de legalidad?
El Consejo Universitario, que tardó más de una semana en sesionar tras la detención del rector el 9 de mayo, resolvió aplicar el artículo 20 de la Ley Orgánica de la UAZ que prohíbe que una persona condenada por delitos intencionales ejerza como rector. La votación no fue unánime: 28 votos a favor y 13 en contra. ¿Cómo puede haber 13 votos que se opongan a la destitución de un rector con sentencia firme por abuso sexual agravado?
Mientras tanto, estudiantes organizados en el Movimiento Estudiantil de la UAZ han mantenido un paro indefinido en protesta por lo que consideran una protección institucional sistemática hacia Ibarra Reyes. Denuncian que la estructura universitaria ha operado en opacidad, protegiendo a un agresor, omitiendo información clave como las actas del Consejo —sin actualizarse desde hace más de un año— y guardando un silencio “cómplice y criminal” desde las altas esferas universitarias, especialmente del rector electo Ángel Román Gutiérrez.
Los estudiantes no exigen milagros, exigen voluntad política: que se publique formalmente la rescisión laboral de Ibarra, que se le expulse del Sistema Nacional de Investigadores y del PRODEP, y que se ponga en marcha un verdadero protocolo contra el hostigamiento en la institución. Sus demandas han sido claras: no buscan sabotear el semestre, sino limpiar el nombre de la universidad.
Además, han documentado represalias directas: amenazas de repetir el semestre, manipulación de calificaciones, citatorios académicos sin fundamento. Aun así, mantienen su postura firme, convocando a la comunidad universitaria a sumarse, apelando a la dignidad: “Que no se diga que estudiamos en la UAZ del rector violador, sino en la UAZ donde los alumnos luchan”.
El contraste no puede ser más evidente. Por un lado, una comunidad estudiantil que pone el cuerpo para exigir justicia y transparencia. Por otro, una institucionalidad que reacciona a cuentagotas y un sistema judicial que otorga libertad a un sentenciado por un delito sexual agravado.
¿Quién protege a Rubén Ibarra Reyes? ¿Cómo se justifica que un hombre condenado por un delito grave, con prisión preventiva inicialmente dictada, reciba el beneficio de la libertad? ¿Bajo qué lógica procesal se toma esa decisión, y por qué no ha sido transparentada?
La destitución es apenas el primer paso. La impunidad continúa si no se cuestionan los mecanismos que permiten que, a pesar de una condena, se mantengan los privilegios. El caso de Ibarra Reyes es también una radiografía de un sistema judicial que parece más preocupado por proteger nombres que por garantizar justicia a las víctimas.
