A dos semanas de la primera elección directa de integrantes del Poder Judicial en México, un sector amplio de la ciudadanía se prepara para protestar. Lejos de tratarse de una cita democrática unificadora, el 1 de junio se perfila como un parteaguas polarizante: mientras el gobierno promueve esta reforma como un paso hacia la democratización judicial, organizaciones civiles, figuras públicas y usuarios en redes sociales convocan a una “mega marcha nacional” para rechazar el proceso.
El epicentro de la movilización será la Ciudad de México, con una concentración a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, de donde partirán rumbo al Monumento a la Revolución —según algunas versiones— o incluso al Zócalo, de acuerdo con otras convocatorias. El evento ha sido bautizado como “Domingo Negro”, y no faltan los llamados a dejar las urnas vacías como forma de desobediencia civil: “No votes en esta aberración”, rezan las imágenes compartidas en X.
Los argumentos detrás de la protesta no se limitan a una simple diferencia ideológica. Grupos como México Unido consideran que esta elección representa una “farsa” destinada a legitimar una toma política del Poder Judicial. “Cuando no hay democracia, no hay por qué participar”, afirman, subrayando que la estructura del proceso —con candidatos que no hacen campaña ni presentan propuestas— impide una participación informada, y por ende, democrática.
En total, el electorado elegirá a nueve ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco magistrados para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y dos cargos en la Sala Superior del Tribunal Electoral. También se seleccionarán más de 800 jueces y magistrados de tribunales federales, en lo que el gobierno ha calificado como una transformación histórica del sistema judicial.
Sin embargo, críticos del proceso consideran que este diseño podría vulnerar la autonomía del Poder Judicial. La elección, aprobada en el Congreso en 2024, se implementa luego de intensas protestas del gremio judicial y de un paro de labores nacional. A pesar de los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por capacitar y guiar a la ciudadanía en este nuevo modelo de votación, el rechazo persiste.
Entre los principales opositores destaca el expresidente Vicente Fox, quien ha sido particularmente vehemente: “No estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. Esto no es democracia, es control absoluto”, escribió en redes sociales. El empresario Ricardo Salinas Pliego también llamó a boicotear la votación, asegurando que participar “es ser parte de la ruina futura de México”.
Las acciones de protesta no se limitan al boicot electoral: organizaciones convocan incluso a la clausura simbólica de casillas en diversas ciudades. Hasta el momento, se han confirmado movilizaciones en Aguascalientes, Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Querétaro, Tijuana, Mexicali, Monclova y Michoacán.
El núcleo del descontento reside en la percepción de que el Poder Judicial corre el riesgo de convertirse en una extensión del Ejecutivo. Para los convocantes, la “elección judicial” es una simulación democrática que desarma la independencia del sistema de justicia al subordinarlo a una lógica de mayoría política. Y si bien el gobierno presenta este proceso como una democratización inédita, lo cierto es que buena parte de la sociedad civil ve en él una amenaza disfrazada de participación.
Las urnas vacías, en este contexto, no se leen como apatía, sino como símbolo de resistencia. En lugar de elegir jueces, miles elegirán marchar.
