En Hungría, la defensa de los derechos civiles ya no se discute en tribunales: se marcha. El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, lo dejó claro al confirmar que la Marcha del Orgullo del próximo 28 de junio sigue en pie, pese a la prohibición formal dictada por la policía húngara. “Evento municipal. Punto final”, escribió en sus redes. Para Karácsony, el gobierno nacional no puede imponerle a la capital qué celebrar ni a quién visibilizar.
La decisión del gobierno de Viktor Orbán, a través de una nueva ley aprobada en marzo, intenta prohibir toda manifestación pública vinculada a la diversidad sexual bajo la excusa de la “protección de la infancia”. Esa ley permite, además, el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar asistentes a las marchas, en lo que organizaciones como Háttér Society y Amnistía Internacional Hungría consideran medidas propias de un Estado policial.
Orbán, en el poder desde hace 14 años, ha cimentado un régimen que apela a una visión cristiana ultraconservadora, respaldado por el partido Fidesz y cada vez más influenciado por la retórica rusa de Vladimir Putin. En 2018 eliminó los estudios de género de las universidades; en 2021 promulgó una ley que prohíbe mostrar representaciones de personas LGBTIQ+ a menores de 18 años; y ahora consolida ese trayecto con una reforma constitucional que vincula legalmente el género al sexo asignado al nacer.
Pero la resistencia se organiza. El Budapest Pride, al que se espera la asistencia de decenas de miles de personas, también contará con una amplia delegación internacional. Más de 70 eurodiputados, como Valérie Hayer, Terry Reintke y Tineke Strik, ya confirmaron su participación. También viajarán al evento figuras del gobierno español, como el ministro de Cultura Ernest Urtasun y el diputado Víctor Gutiérrez, quien anticipó: “Las prohibiciones de Orbán van a movilizar a más personas”.
Desde Bruselas, la Comisión Europea ya ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ley de “propaganda LGTBI+”, argumentando que vulnera varios principios fundamentales del derecho comunitario. La abogada general del tribunal, Tamara Ćapeta, fue directa: Hungría se ha desviado del modelo democrático al discriminar por orientación sexual e identidad de género.
El gobierno húngaro, sin embargo, se mantiene en una lógica de cerco y ataque. En su discurso sobre el estado de la nación en febrero, Orbán fue explícito: “No se molesten en organizar el Pride este año”. La ofensiva contra la disidencia —sea sexual, política o académica— ha sido progresiva: primero fueron las ONG, luego las universidades, más tarde los medios y ahora la comunidad LGBTIQ+.
Karácsony ha respondido no sólo con declaraciones, sino con acciones simbólicas y jurídicas. Colgó la bandera arcoíris en el Ayuntamiento, declaró el Pride como evento oficial de la ciudad y avisó que tiene un “plan C” si se intenta reprimir la marcha. Varias organizaciones civiles ya han anunciado que recurrirán la ley ante tribunales húngaros e internacionales, como parte de una estrategia legal para anular el veto y frenar lo que consideran un modelo exportable de autoritarismo disfrazado de moral pública.
Hungría, miembro de la Unión Europea, ocupa uno de los últimos lugares del continente en respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+, según el índice anual de ILGA-Europa. Para sus críticos, la narrativa del “orden moral” impulsada por Fidesz no solo discrimina, sino que refuerza un sistema en el que las libertades fundamentales —como el derecho a manifestarse— quedan sujetas al capricho ideológico del poder.
La historia del Pride de Budapest este 2025 ya no es solo una marcha: es el termómetro de hasta dónde puede llegar un país miembro de la UE en el retroceso de derechos, y hasta dónde puede resistir una ciudad que no quiere claudicar.
