La crisis migratoria volvió a encender tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, tras las acusaciones directas de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, contra la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a quien responsabiliza de alentar protestas violentas en Los Ángeles, pese a que la mandataria ha reiterado su condena explícita a cualquier forma de violencia.
Las protestas estallaron luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizara redadas el 6 de junio en zonas laborales como el Distrito de la Moda y empresas en Paramount, resultando en la detención de al menos 42 migrantes mexicanos. Los manifestantes, en su mayoría inmigrantes y activistas pro derechos humanos, salieron a las calles para exigir el cese de estas prácticas, en medio de un ambiente cada vez más hostil tras las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump.
En respuesta, Trump ordenó el despliegue de 2,100 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles, sin consultar al gobernador demócrata Gavin Newsom. Una medida sin precedentes en seis décadas que ha sido criticada tanto por autoridades locales como por organizaciones civiles, quienes la consideran una táctica de militarización injustificada para suprimir el descontento social.
Las tensiones aumentaron cuando Kristi Noem afirmó públicamente que Sheinbaum “alentó protestas en Los Ángeles”, acusándola de incitar indirectamente a los actos de violencia. Sin embargo, los registros contradicen esta narrativa. Desde el 9 de junio, Sheinbaum condenó en conferencia de prensa la violencia en las manifestaciones, señalando que “la quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia”, y llamó a la comunidad mexicana en Estados Unidos a manifestarse pacíficamente y no caer en provocaciones.
A pesar de estas declaraciones, Noem continuó con su postura: “Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo, la gente puede protestar pacíficamente, pero la violencia no es aceptable”, insistió desde la Oficina Oval. A su vez, alentó a Trump a utilizar “todas las herramientas constitucionales” para contener las protestas, incluyendo la Ley de Insurrección de 1807, que permite desplegar tropas en suelo estadounidense frente a amenazas internas.
Trump, fiel a su retórica, no descartó la medida: “Si hay una insurrección, ciertamente la invocaría. Ya veremos”, declaró. En redes sociales fue más contundente: aseguró que “Los Ángeles estaría ardiendo hasta los cimientos” si no hubiera desplegado a las fuerzas armadas.
La narrativa del gobierno federal estadounidense contrasta con la situación en el terreno. Aunque ha habido episodios violentos —como el uso de cócteles molotov, enfrentamientos con policías y saqueos—, la mayoría de las protestas se han mantenido pacíficas, centradas en el rechazo a las redadas y a la amenaza de un impuesto a las remesas impulsado por legisladores republicanos, otro detonante del descontento. Fue precisamente ante esta amenaza que Sheinbaum, semanas antes, llamó a la diáspora mexicana a movilizarse —mediante cartas y gestiones legislativas— para frenar la propuesta.
Este episodio vuelve a evidenciar cómo las agendas migratorias en Estados Unidos tienden a alimentar discursos de confrontación externa. Mientras Trump recurre a la fuerza militar y a la narrativa del “enemigo externo” para justificar sus decisiones internas, Sheinbaum enfrenta el dilema diplomático de proteger a sus connacionales sin dinamitar la relación bilateral. En el fondo, lo que está en juego no es sólo el control del orden público, sino la disputa por la legitimidad moral de las políticas migratorias de ambos países.
