Durante un maratón legislativo acelerado y en medio de una fuerte crítica de la oposición y expertos académicos, Morena y sus aliados aprobaron en lo general la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), transfiriendo sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según el oficialismo, esto busca evitar duplicidades y fortalecer la evaluación de la política social. Pero para opositores y especialistas, es un movimiento que erosiona la rendición de cuentas y elimina a uno de los pocos organismos autónomos que podían cuestionar con cifras el discurso gubernamental.
A diferencia del Inegi, que recolecta datos, el Coneval construía metodologías de medición multidimensional de la pobreza, evaluaba el impacto real de los programas sociales y promovía una cultura técnica de monitoreo. El Dr. John Scott, investigador del Coneval, advirtió en Aristegui en Vivo que esta fusión podría afectar la independencia y credibilidad de las mediciones, señalando que “es fundamental una separación entre quién genera la información y quién la utiliza para medir”.
La reforma elimina, además, artículos clave de la Ley General de Desarrollo Social que permitían al Coneval corregir o suspender programas sociales ineficientes. También se revocó la posibilidad de que la Cámara de Diputados redujera presupuesto a estos programas. En palabras de la diputada del PRI, Lorena Piñón, esta no es una simple reingeniería administrativa, sino “un golpe deliberado contra la capacidad del Estado mexicano de conocerse a sí mismo”.
Legisladores del PAN, PRI y MC acusaron que esta extinción responde al deseo del gobierno de “evaluarse a sí mismo” y dejar de enfrentar evidencias incómodas. Héctor Saúl Téllez recordó que el Coneval había reportado que entre 2018 y 2020, 4.5 millones de personas cayeron en pobreza, lo que habría molestado a la administración federal. Según José Elías Lixa, se trata de eliminar al mensajero que contradice la narrativa triunfalista de la 4T.
Desde el oficialismo, la diputada Merilyn Gómez sostuvo que no hay desmantelamiento, sino una “transición transformadora” donde el Inegi asumirá nuevas responsabilidades estratégicas. El argumento central del gobierno es que evaluar sin transformar es simular y que este rediseño busca articular y democratizar la evaluación. Pero críticos insisten: lo que se pierde no es solo institucionalidad técnica, sino un contrapeso incómodo para el poder.
La desaparición del Coneval no es un hecho aislado, sino parte del proceso más amplio de simplificación orgánica impulsado desde la presidencia para eliminar organismos autónomos. Bajo la promesa de eficiencia, la reforma entrega el mapa completo de la política social al propio gobierno que la diseña, ejecuta y ahora también evalúa. En otras palabras, el árbitro cuelga el silbato, se pone el uniforme y entra a jugar.
