Si la justicia empieza por casa, entonces la elección judicial del 1 de junio acaba de convertir al Instituto Nacional Electoral (INE) en una especie de portero distraído que deja pasar a quien toque con insistencia, sin importar antecedentes. El Consejo General validó la elección de tres magistrados a pesar de que pesan sobre ellos acusaciones por acoso, hostigamiento sexual y adeudos alimentarios. Los nombres ya suenan con fuerza: Jaime Vladimir Ángel Cisneros Cruz, Sergio Díaz Rendón y Genaro Antonio Valerio Pinillos.
Durante una sesión extraordinaria, la consejera Carla Humphrey intentó frenar lo que parecía una burla al principio constitucional de “8 de 8 contra la violencia”, iniciativa que impide ocupar cargos públicos a personas con antecedentes de violencia de género. Pero su propuesta, respaldada solo por la consejera Rita Bell López Vences, fue desechada por mayoría. Nueve consejeros se atrincheraron en el argumento legal de que sin sentencia firme no hay impedimento alguno. Lo que no dijeron es que también hay un mínimo ético que sí puede aplicarse, pero optaron por no hacerlo.
El caso de Jaime Vladimir Ángel Cisneros Cruz es quizá el más escandaloso. Acusado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León de acoso sexual y señalado en el movimiento “Me Too”, no presentó siquiera la carta bajo protesta de decir verdad. Esa omisión, según Humphrey, debió ser causal suficiente para desechar su candidatura. Pero no.
Sergio Díaz Rendón, por su parte, fue denunciado como deudor alimentario. Aunque presentó su carta de buena fe y un certificado del Registro Nacional de Deudores, Humphrey señaló que seguía sin pagar pensión a un menor. Pidió verificar talones de pago. Nadie en el Consejo lo consideró necesario.
En el caso de Genaro Antonio Valerio Pinillos, la gravedad sube de nivel: siete denuncias de ocho trabajadoras por hostigamiento sexual y laboral. El Consejo de la Judicatura incluso lo suspendió de manera temporal por estos hechos. Y sin embargo, hoy es magistrado electo del Quinto Circuito Judicial.
Lo más desconcertante no son solo las denuncias, sino la omisión institucional: autoridades penitenciarias y fiscalías no entregaron la información necesaria al INE para evaluar si los candidatos incumplían con los requisitos constitucionales. Esta opacidad, lejos de ser señalada como obstáculo estructural, fue usada como excusa para validar sus triunfos.
Humphrey advirtió, además, sobre tres casos adicionales con antecedentes de violencia política, familiar o laboral. Pero tampoco prosperaron sus propuestas de modificar los dictámenes o de someter a votación particular las candidaturas. En sus palabras: “Estamos sometiendo a las víctimas a un estándar probatorio sobredimensionado, en un país con altos niveles de impunidad”.
La resolución del INE, que podría haber sido un ejemplo de congruencia democrática, terminó por certificar que el sistema prefiere blindar formalismos antes que proteger principios. Un Poder Judicial que se llena con nombres manchados no solo de sospechas, sino de omisiones probadas, pone en duda la misma legitimidad de sus sentencias futuras. Porque al final, ¿quién juzga a los jueces?
