Jesús Molina-Veya, ciudadano mexicano de 45 años, murió el 7 de junio bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención de Stewart, Georgia. Fue hallado inconsciente, con una ligadura en el cuello, y trasladado al hospital, donde se confirmó su fallecimiento. La causa oficial sigue bajo investigación. ICE notificó el deceso al Consulado de México, aunque —según la SRE— desde hace meses se impide el acceso consular a ese centro. Doble opacidad, doble cinismo.
La Cancillería mexicana no tardó en pronunciarse: exigió una investigación transparente, contacto con familiares y “acompañamiento jurídico”. La Secretaría también estableció comunicación con el Buró de Investigaciones de Georgia (GBI), aunque no sin dejar entrever su frustración por las restricciones impuestas por ICE, que ha dificultado incluso entrevistas con otros connacionales detenidos. El Consulado en Atlanta ya revisa “alternativas legales” para avanzar, pero con puertas cerradas, cualquier alternativa luce simbólica.
El caso se vuelve aún más turbio cuando la presidenta Claudia Sheinbaum revela que Molina-Veya había sido registrado con otra identidad y nacionalidad, y que su situación solo se esclareció tras la intervención de la SRE. Esta irregularidad añade un nivel de opacidad que raya en negligencia sistémica, en un contexto donde ICE, bajo la sombra del endurecimiento de políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, ya carga con múltiples acusaciones por maltratos, negligencia médica y detenciones arbitrarias.
El ICE, por su parte, sostiene que actuó conforme a los protocolos: trasladaron a Molina-Veya desde la prisión estatal de Jackson —donde cumplía condena por delitos no especificados— y notificaron oportunamente al consulado. Pero mientras esa versión circula, la práctica concreta de impedir el acceso consular e ignorar solicitudes de entrevista contradice los principios básicos de asistencia consular estipulados en la Convención de Viena.
A pesar de que la identidad del fallecido fue finalmente confirmada, y de que hay una aparente coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, queda en el aire la pregunta que nadie responde: ¿qué condiciones enfrentan los mexicanos detenidos por ICE cuando ni siquiera los consulados pueden verlos? Y más importante aún, ¿qué peso tiene la vida de un migrante en custodia cuando las instituciones a su alrededor se especializan en esconder expedientes?
La Cancillería mexicana, en un tono institucional —pero cada vez más exasperado—, ha reiterado su “compromiso con la protección de los derechos e integridad de sus connacionales en el exterior”. No parece mucho, pero en un contexto de puertas cerradas, desinformación oficial y muertes sin explicación, suena casi a acto de resistencia burocrática.
ICE sigue sin emitir un comunicado más allá del parte médico básico. Mientras tanto, las investigaciones avanzan al ritmo habitual: lento, oscuro y plagado de tecnicismos. Como si el sistema supiera perfectamente cómo diluir responsabilidades mientras los muertos no hablan y los vivos apenas logran ser escuchados.
