En medio de un operativo militar en Los Reyes, Michoacán, el pasado 27 de mayo, una mina antipersona estalló al paso de un convoy de la Guardia Nacional, provocando la muerte de ocho soldados. Detrás del ataque —según confirmaron autoridades mexicanas y colombianas— se encuentran 12 ciudadanos colombianos, de los cuales al menos nueve fueron exmilitares. Este hecho no solo revela una tragedia local: expone un patrón de reclutamiento transnacional que ha encendido alertas de seguridad binacionales.
El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, detalló que los detenidos ingresaron legalmente por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde posteriormente fueron cooptados —algunos mediante engaños— por grupos criminales mexicanos, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, en algunos casos, el Cártel de Sinaloa. Aunque no se trata de militares activos, todos cuentan con entrenamiento castrense y fueron atraídos por redes que prometían empleos en seguridad privada con altos salarios.
Este patrón de captación ha sido confirmado por múltiples fuentes. Por un lado, el gobierno colombiano reconoció que los involucrados fueron parte de sus fuerzas armadas. El presidente Gustavo Petro incluso calificó el fenómeno de “mercenarismo” y pidió que se penalice severamente: “Es una traición a la patria colombiana”, escribió en redes sociales. El discurso se articula con denuncias de familiares y testimonios de sobrevivientes recogidos por Radio Ambulante, donde se narra cómo a los exmilitares se les promete trabajo en plantaciones de cítricos, con supuestos beneficios y retorno garantizado a Colombia tras seis meses. En realidad, acaban desarmados —no en sentido literal— frente a cárteles fuertemente armados, en situaciones que recuerdan más a un campo de batalla que a un empleo en el campo.
Las cifras revelan una tendencia creciente: hasta el momento, México ha deportado a 69 colombianos tras detectar patrones similares de ingreso y posible cooptación por el narco. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública ha reforzado su coordinación con inteligencia colombiana para contener este flujo. La relación entre ambos gobiernos se estrecha ante el reconocimiento de un fenómeno que, más allá de los grupos armados, involucra redes de trata, fraude laboral, amenazas y pérdida de documentos como mecanismos de control.
Aunque algunos testimonios —como los recabados por Semana— mencionan que los exmilitares reciben pagos mensuales de hasta 37 mil pesos mexicanos por “defender la soberanía” del CJNG, otros como el recogido por Radio Ambulante son tajantes: “Yo servirle a un país durante 20 años legalmente para pasar a ser un hampón, eso no estaba dentro de mis principios”.
La explosión en Los Reyes no fue un hecho aislado. A lo largo de 2024, Michoacán y Jalisco se han mantenido como focos rojos en el mapa de violencia de México. El CJNG ha extendido sus operaciones con tácticas cada vez más sofisticadas —minas, emboscadas, bloqueos carreteros— y es uno de los seis cárteles designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos. La implicación de exmilitares extranjeros en estas operaciones no solo eleva el perfil bélico del narco, sino que amenaza con internacionalizar aún más un conflicto ya desbordado.
El gobierno mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se enfrenta a la presión de mostrar resultados ante Washington. Pero también debe enfrentar una verdad incómoda: el crimen organizado ha perfeccionado sus estrategias de reclutamiento, apelando no solo a la necesidad económica sino a la vulnerabilidad emocional de quienes creyeron que dejaban la guerra atrás. Como en una distopía sin créditos finales, exmilitares entrenados para defender instituciones hoy mueren —o matan— en tierra ajena, al servicio del enemigo.
