Claudia Sheinbaum firmó dos decretos con implicaciones profundas para el sistema educativo y la salud fiscal del país. El primero elimina la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), y el segundo, más controversial, reduce progresivamente la edad mínima de jubilación para trabajadores del magisterio federal. Ambos decretos fueron presentados como resultado de “acuerdos con el magisterio” y una respuesta al “malestar acumulado” en el sector.
El nuevo esquema de retiro anticipado, que beneficia principalmente a docentes bajo el régimen del artículo décimo transitorio del ISSSTE, establece que para el año 2034 las mujeres podrán jubilarse a los 53 años y los hombres a los 55. Esto representa una reversión a la reforma de 2007 impulsada por Felipe Calderón, que había elevado progresivamente la edad de retiro hasta los 58 y 60 años, respectivamente.
Aunque presentada como un acto de “justicia histórica”, la medida no llega sin costos: el propio secretario de Educación, Mario Delgado, admitió que el gasto público que generará esta política supera los 36 mil millones de pesos. Más aún, este costo no se verá reflejado en su totalidad durante el sexenio de Sheinbaum, sino hasta despues del año 2030, año en que culmina su mandato. Es decir, será la siguiente administración la que enfrentará las repercusiones fiscales de esta decisión.
La jugada, que busca congraciarse con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tras semanas de protestas y plantones en el Zócalo, no fue resultado de una revisión técnica de viabilidad presupuestal, sino de una consulta masiva en la que participaron más de 127 mil escuelas, muchas de ellas de tipo multigrado. Sin embargo, no se ha hecho público ningún estudio actuarial que respalde el equilibrio del sistema con estas modificaciones.
Cabe destacar que este anuncio ocurre tras semanas de tensión con el magisterio, que consideró insuficiente el aumento salarial del 9% propuesto por el gobierno. La CNTE exigía el cumplimiento de una de las promesas clave de Sheinbaum durante campaña: abrogar la reforma al ISSSTE de 2007. El decreto, aunque no revoca dicha ley, sí recorta significativamente sus efectos.
A nivel de política pública, el gobierno argumenta que la medida dignifica el trabajo docente y reconoce su antigüedad sin imponer nuevas condiciones. No obstante, expertos en economía y analistas fiscales han señalado la ausencia de una estrategia de financiamiento clara para solventar este compromiso de largo plazo. En términos prácticos, lo que Sheinbaum presenta como un logro inmediato para el magisterio, puede convertirse en una bomba de tiempo fiscal para el próximo presidente.
Mientras tanto, en un país donde el ISSSTE y el sistema de pensiones ya presentan signos de fragilidad, la reforma se posiciona más como un acto de magia electoral que de planeación responsable. Como si fuera una rifa del “retírese ahora y que otro pague después”, la jubilación anticipada de los maestros abre más interrogantes que certezas. ¿Se garantizarán los fondos sin comprometer servicios básicos? ¿Habrá consecuencias para otros sectores del servicio público?
En un contexto donde las decisiones estructurales parecen responder más a demandas coyunturales que a políticas sostenibles, esta reforma educativa deja una lección clara: la justicia laboral no debería hipotecarse con deuda futura.
