Una protesta encabezada por recolectores de basura paralizó Ixtapaluca, Estado de México, tras la difusión de un video donde se observa a Nora María Yáñez Chávez, directora de Servicios Públicos, contando fajos de billetes que presuntamente provienen de extorsiones a los propios trabajadores. El escándalo, que estalló en redes sociales, dejó al descubierto una serie de denuncias que ya se arrastraban desde hace meses por parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Los manifestantes acusan a la funcionaria de exigir pagos que van desde 75 mil pesos anuales por una “calcomanía” para operar, hasta 100 pesos diarios para descargar en el relleno sanitario, cuotas que afectan directamente a más de 800 familias que dependen de esta actividad. En total, la operación de la recolección de basura en el municipio se sostiene por 152 camiones y 65 carretoneros, quienes aseguran recolectar el 90% de los residuos de Ixtapaluca.
Las demandas van más allá de lo económico: exigen la destitución inmediata de la funcionaria, la firma de un convenio laboral y la reinstalación de trabajadores despedidos. La protesta no fue simbólica: decenas de toneladas de basura fueron arrojadas en la explanada municipal, acompañadas por el bloqueo de cinco puntos clave del municipio, incluida la carretera federal México-Puebla.
Mientras tanto, el alcalde morenista Felipe Arvizu ha optado por guardar silencio. Las autoridades municipales se limitaron a calificar la protesta como una acción de un “grupo minoritario” con “intereses particulares”, acusando a la CTM de querer obtener contratos y posiciones dentro de la administración. Además, amenazaron con acciones legales contra quienes arrojaron basura frente al palacio municipal, advirtiendo que estos actos constituyen delitos y violaciones ambientales, según la PROPAEM.
Aunque los recolectores informaron haber llegado a un acuerdo tras varias horas de movilización, advirtieron que el servicio podría suspenderse si no se atienden sus demandas de fondo. En un municipio donde la basura se ha vuelto el símbolo de una pugna política, la limpieza no parece ser solo una cuestión de servicios públicos, sino de justicia y dignidad laboral.
