- El legislador Fernando Alférez Barboza afirmó que el gobierno ha permitido la proliferación de estos centros por interés en las estadísticas
- Señaló que los anexos funcionan como pequeñas cárceles y están vinculados a la trata de personas
- Destacó la falta de atención médica y psicológica, y urgió una regulación adecuada para estos lugares
Lo que parecen ser centros de ayuda para personas con adicciones resultan ser espacios sobrepoblados y carentes de atención médica o psicológica, donde los internos deben salir adelante solo mediante castigos y oración. Recientemente, se revelaron dos casos que evidencian las malas condiciones en los anexos del estado: uno en Calvillo, donde un anexo diseñado para 60 personas albergaba a 152, y otro en Lomas del Ajedrez, donde un paciente fue asesinado a golpes por sus compañeros.
Ante esto, el legislador Fernando Alférez Barboza señaló que el gobierno ha aceptado la expansión de estos centros, pues lo que más les importa son las estadísticas. “Sirve al gobierno que recluyan a jóvenes adictos para encerrarlos, pues son pequeñas cárceles”, declaró. Además, expresó que muchas familias sufren por el encierro de sus jóvenes en anexos, lugares a los que no tienen otra opción de acudir, mientras el gobierno debería estar impulsando una reglamentación adecuada.
Alférez Barboza denunció que en los anexos también hay casos de trata de personas, ya que hay denuncias de jóvenes que son obligados a trabajar en otras entidades del país, recibiendo solo una parte de su salario como parte de su “terapia”. “Eso justo es trata de personas”, afirmó, relacionando su iniciativa legislativa sobre trata de personas con los fenómenos que ocurren en estos centros.
El legislador explicó que, pese a las buenas intenciones o al auxilio que puedan recibir los jóvenes, la autoridad es la principal responsable por omisión, al no integrar los anexos conforme a las leyes de salud. Señaló que hay jóvenes que requieren atención psicológica y médica, pero que en los anexos solo se les ofrece encierro y oración.
Además, comentó que el Hospital Psiquiátrico no cumple un papel de apoyo real, calificándolo como “una institución de ornato” que no funciona como política pública ni cumple su misión conforme a la normatividad aplicable. “Esto es grave y urge una ley para evitar que estos centros crezcan, porque Aguascalientes está siendo presa de anexos que se presumen de rehabilitación y que en muchos casos agravan los problemas”, afirmó.
Alférez Barboza agregó que en estos lugares se han detectado violaciones y consumo de drogas, y que en ocasiones se permite que los internos salgan debido a la sobrepoblación. “La situación es grave, porque en esos lugares donde reina la tristeza no se castiga el delito sino la pobreza”, concluyó.
