Transparencia y recursos públicos: un derecho humano en la era de la rendición de cuentas
Desde la disolución del INAI y el surgimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), creando dentro de ella específicamente un órgano desconcentrado llamado “Transparencia para el Pueblo”, el acceso a la información y la transparencia en los recursos públicos han dejado de ser una prioridad en esta nueva transformación, convirtiéndose en una nueva opacidad administrativa y gubernamental en la cual poco o nada se hace para mostrarle al ciudadano el destino real de los recursos públicos, derecho humano que tiene toda persona en este país.
El país vive en la actualidad un momento histórico en el que la ciudadanía exige mayor participación, vigilancia y justicia. La transparencia en el uso de los recursos públicos ha dejado de ser solo una buena práctica gubernamental para consolidarse como un derecho humano esencial. En México y en muchas partes del mundo, el acceso a la información sobre cómo se administra el dinero del pueblo representa una herramienta clave para combatir la corrupción, fomentar la democracia participativa y garantizar el desarrollo sostenible.
Un derecho humano en el siglo XXI. Nuestra Carta Magna, en su artículo 6°, establece el derecho que tiene toda persona al acceso a la información como una garantía individual. Pero más allá del marco legal, son los propios organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los que han reconocido y señalado que la transparencia en la gestión pública forma parte del derecho a la libertad de expresión, a la participación política y al acceso a la justicia. Es decir, conocer en qué se gasta el dinero público, quién lo gasta y con qué resultados ya no es un privilegio: es un derecho que debe ser respetado por quien ostenta el poder y ejercido por quien no, por quien es ciudadano.
En palabras de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de marzo de 2025:
“Los gobiernos que ocultan el uso de los recursos públicos están negando el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia”.
Durante 2024, nuestro país atravesó diversos escándalos relacionados con el uso opaco de recursos en programas sociales y megaproyectos federales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló desviaciones por más de 70 mil millones de pesos en dependencias federales, en especial en el sector salud y en programas de subsidio directo. Estos hechos intensificaron el debate nacional sobre la necesidad que tiene México de fortalecer los mecanismos de fiscalización y hacer obligatoria la rendición de cuentas en todos los niveles.
El impacto fue tal que, en enero de 2025, se aprobó una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual ahora obliga a los tres niveles de gobierno a publicar en tiempo real el uso de fondos federales transferidos y sanciona con inhabilitación a los servidores públicos que incumplan con estas obligaciones.
Respecto a ello, la tecnología ha servido como aliada en el acceso a este derecho, ya que en 2025 se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar la transparencia. Plataformas como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y los sistemas de Presupuesto Abierto 2025 permiten que cualquier ciudadano, desde su dispositivo móvil, pueda consultar cuánto se invierte en su comunidad, quiénes son los proveedores del gobierno y cómo se distribuyen los fondos de los programas sociales. Cabe hacer la puntualización de que son los propios sujetos obligados quienes alimentan esta información, dejando con ello una opacidad en la veracidad de los datos aportados. Esto ocurre, en gran medida, por la desaparición de un organismo constitucional autónomo (OCA) como lo era el INAI, cuya función prioritaria era precisamente fiscalizar y verificar que la información entregada al ciudadano fuera veraz.
Sin demeritar lo realizado por las autoridades en materia de transparencia y rendición de cuentas, México ha sido reconocido por el Open Government Partnership (OGP) por su reciente iniciativa “Rendición Abierta 2025”, que permite auditorías ciudadanas participativas y promueve el monitoreo colaborativo con universidades y organizaciones civiles.
La transparencia y la rendición de cuentas no solo deben concebirse como un derecho humano per se, sino también como un motor de confianza social. Diversos estudios realizados por el INEGI y el CIDE durante 2025 revelan que la confianza ciudadana en las instituciones públicas aumenta hasta un 40 % cuando se garantiza el acceso claro y oportuno a la información financiera del Estado. Esto no solo fortalece la democracia, sino que permite una mejor redistribución del gasto público y una reducción efectiva de la corrupción.
En un país como México, donde el uso de los recursos públicos ha estado históricamente marcado por el clientelismo y la discrecionalidad, la consolidación de la transparencia como derecho humano no solo es urgente, sino imprescindible. Hoy, más que nunca, la ciudadanía tiene derecho a saber y el Estado la obligación de informar.
Dejar de ver la transparencia como un simple trámite administrativo y asumirla como un pilar ético y legal del servicio público es el camino hacia un gobierno verdaderamente democrático, eficiente y humano.
