Opciones y decisiones
La puntilla que decide la suerte
Parecido a un balón que es pateado hacia adelante, sin lineamiento estratégico alguno, fuera de cancha y sin árbitro alguno, ha sido el proyecto de reforma electoral que originalmente conocimos como Plan C, emitido durante la fase postrera de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Su antecedente se enmarca en los prolegómenos de la elección presidencial del año 2024. Cuya mención y debate público tiene una clara contextualización:
La población civil no subsumida al oficialismo, pudo conjuntar una voz clara e inequívoca: “la democracia no se toca”; “la Constituciòn se respeta”, a cuyo ritmo acompasó una histórica concentración en el Zócalo de la CDMX y otras 100 ciudades de México y el mundo. Aún serpentea acechante el grito estentóreo del “Plan C”, tras las pesadas cortinas de un Congreso de la Unión, bajo el mayoriteo denigrante de una arrebatada “mayoría calificada”. Siendo este el escenario buscado por un régimen en su fase postrera, pero que jura su irrefrenable continuismo de futuro inmediato, mediante su equipo sucesorio” (Cfr. LJA.MX. Nota mía. Vaticinios y electores sagaces. Viernes 1º de Marzo, 2024).
Quedan definidos los nuevos mitos fundacionales. El término de cuarto grado (en el gradiente de la forma de Estado, que funda la Constitución Política), corresponde al régimen de gobierno que el gobierno López-Obradorista modeló por dos avenidas: a) la hacendaria, de recortes financieros (downsizing) de las dependencias de nivel federal; y b) de la estructura, vía (restructuring) o “Perestroika a la mexicana” del aparato central de gobierno. Al final de su mandato, pretende transitar a un grado más ambicioso de “transformación”, bajo los lineamientos del agresivamente-célebre Plan C, como alteración radical del Poder Judicial de la Federación junto con el microuniverso de institutos autónomos; incorporados al juego de contrapesos -funcionalmente, correctos por la democracia mexicana- sobre el ya de suyo elástico y discrecional presidencialismo mexicano; ahora, a golpe de reformas, sin cortapisa normativa alguna (Cfr. LJA.MX. Nota mía: Ideología de un montaje populista. Tercera parte. Viernes 16 de agosto, 2024).
El tipo de Estado mexicano que está definido por la Constitución Política, Artículo 40. Y por ello es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos. Y, por otro lado, su figura de gobierno que concierne al Art. 41 Constitucional, en su forma tripartita de gobierno. Ambos términos, que habían permanecido incólumes por el mismo presidente en asunción de su cargo, al principio de la Administración López-Obradorista; hoy son dos notas bajo asedio, y constituyen el objetivo político estratégico del ya feneciente gobierno de AMLO, para trasladarlo a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Y como bien dice el refranero norteamericano: “this is a horse of a totally different color” / Este es un caballo de absolutamente otro color. Por eso significa un nuevo mito fundacional (Opus cit. Ut supra).
Y la ganadora es… cerca de la medianoche, finalmente se cantó el resultado del Conteo Rápido por el INE y ¡oh sorpresa! Del primoaviso de una exultante alianza opositora en voz de Xóchitl Gálvez su gozo saltó al pozo, al tiempo que en el partido oficialista su candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum derramaba alegres saludos de triunfo -como regocijada concursante- cantando su victoria aplastante. (…) Hasta más allá de las 23:45 horas se escuchaba la candente letanía de números: lo inverosímil era la abismal diferencia entre el primer y segundo lugar, punto más que 30 puntos porcentuales (Cfr. LJA.MX. Nota mía. Todo el Poder. Viernes 07 de junio, 2024).
Todo transcurría con relativa normalidad, excepto, las indebidas e inoportunas anticipaciones tanto de la secretaria de Gobernación como del propio presidente AMLO respecto de la distribución final de curules en la Cámara de Diputados y de escaños en el Senado de la República, publicitando ya sendas mayorías calificadas en el Congreso de la Unión. Este último dato es de primordial importancia porque de su forma de constituirse dependería el “fast track”, incluso sin deliberación legislativa, para emitir las mentadas reformas que acarrea el Plan C López-Obradorista, a impulsarse en el mes último, septiembre, de la gestión gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador y primero de la nueva Legislatura federal con la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Es este contexto de relevo de gobiernos y mandatos legislativos constitucionales el que habría de imponer la nueva dinámica política de México. Y es precisamente este entorno de atropellamiento por el oficialismo, nuestro foco de análisis y base de los primeros esbozos para una prospectiva.
Ese punto climático, adquiere hoy todo sentido, debido a su alta calidad de riesgo para la democracia y con ella a todo tipo de libertades que han sido caras y queridas al pueblo de México desde su ser independiente (200 años) y más enfáticamente en su punto de quiebre revolucionario (100 años), que hoy por hoy tiene al país en la zozobra de un crimen organizado que asuela regiones enteras del país, exhibiendo el desprecio absoluto por la vida humana, su humillante sometimiento bajo las armas de la muerte; y, dolorosamente, la ineptitud e ineficacia del Estado bajo el régimen entronizado en el Ejecutivo, sobre todo en su pasado sexenio de pasmosa e indolente indiferencia.
Ahora podemos inferir que la lucha política de esa campaña electoral 2024 concluye con la cesión mayoritaria de todo el poder, sin contrapesos ni equilibrios; todo parece quedar a “la autocontención” del Ejecutivo en funciones. Que, en la coyuntura actual, toca al sistema y al proceso electoral.
Queda asentado que el nivel cuarto constitucional es: 4° Modo de Régimen. Aquí está el punto nodal de esta exploración sociológica. Nuestra Constitución ordena tres niveles de gobierno: El federal, el estatal y el municipal. Las categorías noéticas y jurídicas anteriores presuponen ya los fundamentos de este aterrizaje gubernamental. El nivel u orden federal organiza y rige sobre la unión del pacto de Nación, vigila y ordena sobre la salud y buen funcionamiento de las entidades de todo del país. En estos tres órdenes o niveles de gobierno debe privar la coordinación, y según materia de economía y desarrollo la concurrencia, así como la subsidiariedad, fomentando en todo la solidaridad de sus habitantes.
En suma, difícilmente habíamos presenciado una sumisión tan servil al Ejecutivo, fuera de todo orden jurídico racional y sensato, a quien por cierto NO SE DEBEN estas figuras de legislador, diputado, senador, y mucho menos las de gobernador y presidente municipal, pues son parte esencial de la “representatividad ciudadana”.
Ahora bien, ¿de qué va la Reforma Electoral? En la prensa se informa: La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la propuesta será presentada formalmente el 5 de febrero, en el marco del aniversario de la Constitución de 1917, y enviada de inmediato al Senado para su análisis y discusión. Previamente, el gobierno federal dará a conocer el contenido a principios de 2026, una vez concluidos los foros de consulta y los trabajos de la comisión encargada de sistematizar las propuestas ciudadanas (Fuente: Eje Central. Suprimirían OPLEs, reducirían pluris y castigarían a partidos).
En sustancia, menos legisladores plurinominales en el Congreso, desaparición de los OPLEs y centralización de elecciones.
La propuesta también contempla la reducción del número de legisladores electos por la vía plurinominal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que implicaría ajustes a los mecanismos de representación proporcional y a la integración del Congreso de la Unión, con el objetivo de disminuir el tamaño del Poder Legislativo y generar ahorros presupuestales.
Otro de los cambios estructurales previstos es la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s), bajo el argumento de concentrar la organización de los comicios en una sola autoridad nacional.
Según las fuentes, esta medida permitiría homologar criterios, eliminar duplicidades administrativas y reducir el costo de los procesos electorales en las entidades federativas.
Asimismo, las líneas maestras de esta reforma pasa por:
Menos legisladores plurinominales en el Congreso, desaparición de los OPLEs y centralización de elecciones. La propuesta también contempla la reducción del número de legisladores electos por la vía plurinominal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que implicaría ajustes a los mecanismos de representación proporcional y a la integración del Congreso de la Unión, con el objetivo de disminuir el tamaño del Poder Legislativo y generar ahorros presupuestales.
Otro de los cambios estructurales previstos es la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s), bajo el argumento de concentrar la organización de los comicios en una sola autoridad nacional.
Según las fuentes, esta medida permitiría homologar criterios, eliminar duplicidades administrativas y reducir el costo de los procesos electorales en las entidades federativas.
La iniciativa incluirá la incorporación gradual del voto electrónico, mediante esquemas piloto que permitan modernizar el sistema electoral, agilizar el conteo de votos y disminuir costos operativos a largo plazo, garantizando la seguridad y confiabilidad de los resultados.
La principal causa citada para la reducción de los pluris, la desaparición de los órganos electorales de los estados, y la supuesta armonización orgánica administrativa del sistema nacional, consiste en el ahorro presupuestal en las entidades federativas, y centralmente en los subsidios a los partidos políticos. Esta justificación de “austeridad republicana” resulta una pura mascarada para centralizar el gasto presupuestal en manos del Ejecutivo federal, para redirigir ese gasto a otros fines no manifiestos y, por tanto, ocultos dentro del margen de maniobra del poder central.
Aquí se hace ostensible el despojo de las ministraciones fiscales debidas a los estados de la Unión, acotando y empequeñeciendo su participación económica, lo que hace trivial el pacto federalista del Estado mexicano, por un lado; y por otro lado, la supuesta soberanía histórica de las entidades federativas se convierte en un mero slogan de campaña, en función de exaltar la preeminencia del gobierno central. Amén de privarlos de su capacidad para determinar su forma autónoma de gobierno; porque, de fondo, desaparecen las facultades de los congresos estatales para regir el mandato desde lo local, incluido que en ellos va el celebrado concepto de municipio libre.
Nada en esto es trivial, significa una puntilla neurálgica al pacto federal.
