Cosas veredes
Reforma electoral. ¿Y los partidos políticos?
Con las recientes declaraciones de la presidenta Sheinbaum, poco a poco se vienen delineando algunos rasgos de lo que será la propuesta de reforma electoral que habrá de dictaminarse, aprobarse y promulgarse en el primer semestre de este año.
La presidenta Sheinbaum ya comentó que la iniciativa no pretende eliminar la autonomía del órgano electoral, ni la representación proporcional, sino democratizar su mecanismo de operación, y en cambio si buscará reducir el costo de los procesos electorales, incrementar la democracia participativa, reducción del número de legisladores, e implementar fiscalización de gastos electorales para evitar intromisión de dinero ilegal.
Las líneas planteadas, aun las de mayor aceptación pública, serán todavía motivo de mucho análisis y discusión, tanto en la opinión pública, como con la oposición política, pero sobre todo con los aliados del partido gobernante, especialmente la reducción de financiamiento y el acotamiento de la representación proporcional, aunque una vez superada la obligada negociación, actuarán como bloque.
Hay sin embargo otros grandes temas que deberán definirse desde los grandes rasgos para luego precisar los detalles. Uno de esos temas es el relativo a los partidos políticos, su constitución, participación política y vida interna.
El papel de los partidos políticos ha sido determinante en la calidad de nuestra democracia, pues siendo definidas en la Constitución como “entidades de interés público”, son las responsables de postular candidatos, realizar las campañas electorales, ejercer el financiamiento público, y cuentan con amplias facultades para normar su vida interna.
Resulta contradictorio que mientras se insiste en mejorar y profundizar nuestro sistema democrático, las organizaciones que tienen el papel de procesar la representación política de los ciudadanos, permanezcan y funcionen con altos niveles de opacidad, discrecionalidad y arbitrariedad en su desempeño.
En la LOPPE de 1977 se establecieron lineamientos muy generales para la creación y organización de los partidos políticos nacionales. En las reformas electorales sucesivas se ha avanzado en la legislación particular hasta que se promulgó apenas en 2014 la Ley General de Partidos Políticos, que sin embargo ha resultado claramente muy limitada aún.
Un aspecto medular que es necesario garantizar con la normatividad de los partidos políticos es garantizar su democracia interna. La ley ya plantea la posibilidad de que el órgano electoral pueda realizar los procesos internos en los partidos para elegir dirigencias y candidaturas, una opción que rara vez se utiliza.
Nuestro sistema electoral ya requiere partidos modernos, transparentes, democráticos y en manos de los ciudadanos que los integran. La nueva reforma electoral de nuestro país ya debería incluir la obligatoriedad para que los partidos utilicen, como mecanismos para elegir a sus órganos la elección democrática con voto universal secreto y directo de los militantes de su padrón, supervisadas por la autoridad electoral. Para la elección de candidatos, introducir las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), de manera tal que sean los ciudadanos identificados con cada opción política quienes decidan quien los represente en la elección constitucional.
Si la decisión de nombrar dirigencias partidistas, como sucede actualmente, se circunscribe al ámbito de los grupos de interés, el resultado seguirá siendo que los ciudadanos quedan tan solo como instrumento de sus dirigencias. Si la elección de candidaturas queda en manos de cúpulas partidistas, o se realiza con instrumentos mercadológicos, los ciudadanos leales a una identidad política quedan marginados ante criterios de conveniencia o de rentabilidad electoral, aparentemente se obtiene rentabilidad perdiendo identidad política efectiva.
Otro aspecto que es deseable perfeccionar en la nueva reforma electoral en lo que concierne a los partidos es la transparencia y la rendición de cuentas, cuestiones que aparentemente se han abordado con poca efectividad, pues la constante en la vida financiera de los partidos es la discrecionalidad y la opacidad. Es tiempo ya de que la norma electoral establezca la obligatoriedad de los informes públicos regulares de origen, uso y destino de los recursos económicos de los partidos políticos. Una entidad de interés público no debe estar fuera del escrutinio ciudadano.
Permanece aún el criterio de que nuestro sistema electoral debe restringir la creación de partidos políticos. El argumento que se expresa es el tema del financiamiento público de los partidos, aunque no resulta sólido cuando se sabe que la norma establece que el presupuesto para ese fin debe ser el mismo sea cual sea el número de partidos.
Si la democracia política requiere la expresión de las ideas de los ciudadanos y los partidos políticos son el mecanismo para que se manifiesten y sean sancionados por la voluntad popular, sería lógico que nuestra legislación no restrinja, sino aliente la organización política de los ciudadanos, disminuir los requisitos, y someter sus propuestas y candidatos al sufragio ciudadano que sería quien determinara la vigencia legal de cada partido.
Facilitar la organización de partidos políticos, puede ser el paso necesario entre la partidocracia como la conocemos, y la casi inviabilidad de las candidaturas independientes que prácticamente dependen de su vinculación a poderes fácticos o a liderazgos excepcionalmente poderosos.
El actual sistema de partidos parece ser un obstáculo para el derecho de los ciudadanos a “ser votados”, pues la postulación de una persona en los actuales partidos, depende de los grupos políticos internos y de las burocracias partidistas. Si el derecho constitucional a ser votado está condicionado por las dirigencias partidistas, no se debería limitar absurdamente la posibilidad de que ciudadanos se organicen para ejercer sus derechos políticos, al fin de cuentas serán los ciudadanos quienes decidan su permanencia.
@gilbertocarloso
