El escándalo que sacude al Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes no es un simple tropiezo dentro de un proceso de selección, es una traición a los principios que sustentan la lucha contra la corrupción en México. Cuando el órgano ciudadano diseñado para vigilar la integridad pública se ve contaminado por actos corrupción, como la filtración deliberada de un examen para seleccionar a sus propios miembros, la ironía se transforma en una crisis de legitimidad profunda.
Este caso, obliga a una reflexión incómoda: ¿cómo puede un sistema anticorrupción aspirar a credibilidad si no logra proteger sus propios procesos de selección de la corrupción que pretende erradicar? En semanas anteriores, esta columna ya advertía sobre la encrucijada crítica en la que se encuentra el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El recorte presupuestal brutal a la Secretaría Ejecutiva, que pasa de 128.8 millones de pesos en 2025 a apenas 6.3 millones en 2026, un ajuste superior al 95%, se combina con la parálisis operativa del Comité de Participación Ciudadana (CPC) nacional, incapaz de sesionar plenamente a partir de este mes. Estos factores, lamentablemente no son aislados, el 81% de los organismos anticorrupción estatales, se encuentran sumidos en designaciones incompletas, vacantes crónicas y una erosión presupuestal que los deja sin capacidad real de acción. Sin embargo, el caso de Aguascalientes eleva la crisis a un nivel de escándalo intolerable.
Todo inició con correos electrónicos anónimos recibidos por integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Estos mensajes adjuntaban evidencias digitales contundentes (capturas de pantalla de conversaciones) que señalaban directamente a Salvador Vázquez Caudillo, entonces presidente del CPC, como responsable de filtrar el examen de conocimientos aplicado a los aspirantes. Confrontado por sus pares, Vázquez inicialmente negó los hechos, pero posteriormente, en reuniones presenciales y virtuales con la Comisión de Selección, admitió públicamente su responsabilidad. La nueva presidenta del CPC, la Dra. Marcela Leticia López Serna, expuso estos detalles en la XIX Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador, celebrada el 3 de febrero de 2026. En esa sesión, se rindió protesta como presidenta para el periodo 2026-2027 y se expuso la suspensión definitiva del proceso mediante el acuerdo CS-A-04/2026, así mismo, se notificó a instancias de control y se dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Interno de Control del Congreso local. Lamentablemente, la Fiscalía ha argumentado falta de competencia, ya que los integrantes del CPC no son considerados servidores públicos, lo que deja el caso en un limbo jurídico que agrava la percepción de impunidad.
La gravedad radica en el contexto: quien presidía el CPC y participaba impartiendo talleres de prevención, conducta y ética a dependencias estatales terminó incurriendo en la misma opacidad que juró combatir. Este acto no solo vició un procedimiento que debía ser transparente y meritocrático; destruyó el prestigio de un órgano que, desde su creación en 2018, ha intentado posicionarse como contrapeso ciudadano al poder. La filtración ocurrió justo antes de que concluyera el periodo de Vázquez, lo que añade un matiz de premeditación y abuso de su posición.
La reposición del proceso, debe realizarse con un cronograma claro, total transparencia y protocolos robustos para evitar nuevas filtraciones y un nuevo escándalo que termine por sepultar la poca credibilidad y legitimidad del Comité de Participación Ciudadana.
Este tipo de acciones son las que justifican una reforma de fondo al SNA y a los sistemas estatales, una reforma que busque fortalecer la autonomía presupuestal y operativa, establecer sanciones internas efectivas (incluso cuando no se trate de servidores públicos formales), mejorar la coordinación federal-estatal, incentivar y proteger a denunciantes.
En Aguascalientes, la ciudadanía permanecerá atenta al desarrollo del nuevo proceso de selección del integrante faltante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, así como al desempeño concreto de sus miembros actuales. Porque no basta con evitar actos de corrupción: quienes han sido electos precisamente para prevenirla y combatirla deben demostrarlo con hechos visibles y consistentes.
En el último año, sin embargo, las acciones del CPC han dejado mucho que desear. El bajo nivel de activismo, la escasa difusión de iniciativas preventivas, la limitada interacción con la sociedad civil y la ausencia de propuestas contundentes en temas clave han generado una percepción de pasividad e ineficiencia.
Agradezco su lectura y comentarios.
Hugo César Muñoz Durán
hugocesarmunoz@gmail.com
