Cosas Veredes
Reforma posible, reforma necesaria
Tal parece que la reforma electoral que será aprobada y promulgada antes del mes de junio será la que resulte de las negociaciones entre los partidos que componen la coalición gobernante de la Cuarta Transformación. A diferencia de otros procesos similares, éste no comenzó con un acuerdo político inicial o algunos consensos básicos, sino que la Comisión Presidencial encabezada por el experimentado Pablo Gómez realizó primero una sonda exploratoria, elaboró una propuesta que no se conoció públicamente y dejó hasta el final el diálogo con los aliados.
En general se considera que la idea de una nueva reforma electoral debe partir del propósito de perfeccionar el modelo democrático, como se ha demandado desde que se inició ese camino reformista hace 50 años.
La democracia mexicana históricamente, aún en los periodos más oscuros, ha partido del criterio liberal de que son los ciudadanos quienes integran las mesas que reciben, custodian, cuentan los votos y publican los resultados. Ese punto de partida nunca fue suficiente para garantizar la calidad de la representación popular, y por ello ha sido constante la búsqueda de mejores normas y prácticas.
En 1977, el reclamo principal fue la inclusión de las minorías a la representación política, en 1986 ampliar la representación popular en el Poder Legislativo, 1994 ciudadanizar al órgano electoral y avanzar en la certeza jurídica, en 1996 independizar el órgano electoral del gobierno y transparentar el financiamiento de partidos y campañas, en 2007 acotar la injerencia de los gobiernos y poderes fácticos en los procesos electorales, y fortalecer procesos jurisdiccionales, en 2014 homologar la organización de procesos electorales con la transformación del IFE en INE, estimular la carrera parlamentaria y la representación de ayuntamientos mediante la reelección consecutiva, concretar la paridad de género en las elecciones, y la erección de la entidad CdMx.
Tal vez la reforma electoral planteada para 2026 ha debido comenzar por consensuar una línea general en la ruta para fortalecer la todavía joven democracia mexicana. Esa omisión provocó que los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, constituida en agosto de 2025 haya propiciado una monumental lluvia de ideas, incontables especulaciones, suposiciones, expresiones y hasta descalificaciones hacia lo poco de las propuestas generales que trascendían: que había disminuir el número de integrantes de los poderes legislativos y acotar los ayuntamientos, que debería desaparecer la representación proporcional, la supuesta e innecesaria autonomía del INE, que no se justifica la existencia de los OPLES ni de los tribunales electorales estatales. Y un largo etcétera.
El método de trabajo de la Comisión derivó en un choque con la realidad: los aliados de la coalición gobernante no aceptan los cambios que perjudiquen su existencia como fuerzas políticas, especialmente lo que afecta su representación legislativa, y lo expresaron de a través del diputado del PT que afirmó que no hay necesidad de modificar un sistema electoral que ha permitido obtener triunfos abrumadores, contundentes y gobernar con amplia aceptación popular.
Ya con el tiempo encima ha resultado necesario precisar los propósitos y alcances. Una primera definición de la reforma en ciernes surgió cuando la presidenta Sheimbaum, promotora de la iniciativa, informó que considera que el órgano electoral debe conservar su carácter autónomo y que sus autoridades internas no requieren ser electos en votación popular.
El reclamo de los aliados PT y PVEM ha ocasionado que la iniciativa de reforma se retrase algunas semanas en su presentación. La Comisión Presidencial ya concluyó sus trabajos con la elaboración de su propuesta y ahora ha comenzado el trabajo político a cargo de la Secretaría de Gobernación y los liderazgos parlamentarios. Al parecer un primer resultado de esas negociaciones, según dijo el líder de Morena en la Cámara de Diputados, es la decisión de mantener la actual composición legislativa con electos por mayoría relativa y representación proporcional, y para estos últimos buscar mecanismos más adecuados para su elección y asignación.
Superado ese escollo con todos los asegunes e incomodidades propias de los arreglos forzados, la pregunta sigue en el aire: ¿Cuáles modificaciones constitucionales y legales son necesarias para fortalecer nuestra democracia?
Muchas cosas se siguen mencionando para esa reforma. Seguramente se incrementarán áreas de decisión con mecanismos de democracia directa como el plebiscito, referéndum y consulta popular. Persiste la expectación por temas sensibles como la riesgosa eliminación de órganos electorales locales, y también por la ampliación o acotamiento de los mecanismos de participación ciudadana como la apertura a nuevos partidos y candidaturas independientes.
Sin embargo, la realidad social y política de lo que va del siglo nos indica que más allá de la reforma posible surgida de las negociaciones, se requiere una reforma necesaria en lo relativo a los mecanismos de financiamiento y fiscalización de los procesos político electorales, pues cada día es más evidente que el mayor peligro de la democracia mexicana está en la intromisión de poderes fácticos, crimen organizado y sus recursos ilegales en la integración de poderes y gobiernos del país.
Se dice que el financiamiento público de partidos y campañas es un problema, aunque en la realidad el principal riesgo está en las debilidades de la fiscalización de los recursos que se usan, tanto los que entran como los que salen, en procesos electorales.
Será ese el rasgo esencial de la reforma que viene. Si se mantienen o se reducen los volúmenes del financiamiento público, es imprescindible que los controles sean estrictos y las sanciones mayores. Lo principal es garantizar la libertad del voto ciudadano, la más justa representación popular y evitar la intromisión de la delincuencia y los dineros dudosos en los procesos electorales.
@gilbertocarloso
