- En el enjuiciamiento no se observó “el debido proceso”: Eduardo Martín Jáuregui
- Auditoría Académica de UAA con la social, un nuevo énfasis a derechos humanos
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, informó que la Auditoría Académica pondrá en marcha un proyecto que, con la participación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y además con la social, vendrá a darle otro énfasis a la protección y la promoción de los valores fundamentales.
En ese sentido, subrayó, la CEDH envió al gobernador del estado de Texas, Rick Perry, un escrito para recordarle “muy respetuosamente, que la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, reconoce en su artículo 4.1 el derecho a la protección a la vida” y solicitó, aunque infructuosamente, aplazamiento a la ejecución de Édgar Tamayo Arias.
El recién electo ombudsman por el Congreso del Estado, Martín Jáuregui, comentó que de las tradiciones -heredada una del primer defensor de los derechos humanos en Aguascalientes, Miguel Sarre Iguíniz y la otra académica mejor representada en la UAA-, así como de la participación de las organizaciones civiles a través de la Auditoría Social, surgirá como resultado una más fortalecida filosofía de los derechos humanos, acorde a lo que ocurre en la sociedad del tercer milenio; incluso, con reformas a la ley.
Comentó Eduardo Martín que el pasado 21 de enero le dirigió un escrito al mandatario texano, Rick Perry, en la que le realizó “una respetuosa petición y solicitar su reconsideración en relación con la ejecución de la pena de muerte del señor Édgar Tamayo Arias… para que ésta sea aplazada y se cumplan, en el proceso criminal instaurado en su contra, las reglas del debido proceso legal que en su momento no fueron observadas por las autoridades norteamericanas, como la efectiva notificación consular contemplada en el artículo 36.1 inciso C, de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares”.
Lo anterior -amplió- en virtud de que en el año de 2004 la Corte Internacional de Justicia, en la sentencia conocida como el caso Fallo Avena, resolvió que Estados Unidos de América está obligado a revisar y a reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos, incluido Tamayo Arias, quienes fueron condenados a la pena de muerte sin ser notificados su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las autoridades consulares mexicanas.
Y dijo Jáuregui a Perry: “Por lo que de prevalecer su voluntad de ejecutar a nuestro compatriota, el gobierno de los Estados Unidos de América cometería una clara violación a sus obligaciones internacionales”.
Subrayó el ombudsman de Aguascalientes que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, “sin embargo, la comunidad internacional coincide en su afán del respeto a la vida firmando la citada convención; por lo que, de insistir en la ejecución, además del incumplimiento al fallo la Corte Internacional de Justicia, se estará contraviniendo el respeto que la comunidad internacional ha acordado en brindar a las personas en su derecho a la vida”.
Foto: Roberto Guerra
